444 víctimas y familiares presentaron demandas por un experimento que tenía como objetivo probar la, por ese entonces, "nueva penicilina".

Un juez federal en Maryland dijo que la Universidad Johns Hopkins, Bristol-Myers Squibb Co y la Fundación Rockefeller deben hacer frente a una demanda de US$ 1.000 millones por su papel en un experimento del Gobierno estadounidense que en 1940 infectó sífilis a cientos de guatemaltecos.

En una decisión el jueves, el juez de distrito Theodore Chuang rechazó el argumento de que una reciente decisión de la Corte Suprema que protege a corporaciones extranjeras de juicios en tribunales de Estados Unidos por abusos de derechos humanos fuera del país también se aplica a las corporaciones nacionales.

La decisión de Chuang es una victoria para 444 víctimas y familiares que presentaron demandas por el experimento, que tenía como objetivo probar la por ese entonces nueva penicilina para detener la propagación de enfermedades de transmisión sexual.

El experimento recuerda al estudio Tuskegee del Gobierno estadounidense en hombres negros estadounidenses a los que se dejó deliberadamente sin tratar por sífilis incluso después de que se descubrió la penicilina.

El estudio se mantuvo en secreto hasta que un profesor del Wellesley College de Massachusetts lo descubrió en 2010. Funcionarios de Estados Unidos se disculparon por el experimento y el entonces mandatario Barack Obama llamó al presidente de Guatemala para ofrecer una disculpa personal.

Chuang dijo que las demandas contra corporaciones estadounidenses bajo el estatuto federal de responsabilidad extraterritorial no fueron "excluidas categóricamente" por la decisión del Tribunal Supremo del 24 de abril que se refiere a corporaciones extranjeras.

El juez añadió que permitir que el caso de Guatemala continúe "promoverá la armonía" al dar a los demandantes extranjeros la oportunidad de recurrir a los tribunales de Estados Unidos.

Según la demanda, varios médicos de Hopkins y de la Fundación Rockefeller participaron en el experimento, al igual que cuatro ejecutivos de Bristol Laboratories y Squibb Institute, predecesores de Bristol-Myers.

"Johns Hopkins expresa una profunda simpatía por los individuos y las familias afectadas por el deplorable estudio de sífilis de la década de 1940 financiado y realizado por el Gobierno de los Estados Unidos en Guatemala", dijo la universidad en un comunicado.

"Respetamos el proceso legal y continuaremos defendiendo vigorosamente la demanda", agregó.

Un portavoz de la Fundación Rockefeller dijo que la demanda no tenía mérito y que la organización sin fines de lucro no tenía conocimiento, ni diseñó, ni financió, ni administró el experimento. El portavoz de Bristol-Myers, Brian Castelli, no quiso hacer comentarios.