La ciudad, ícono urbano del éxito en la lucha contra los paramilitares, sucumbe ante el explosivo aumento de la tasa de homicidios. Y el gobierno contraataca con una polémica medida que busca revalidar la política de la "seguridad democrática", y acabar con el conflicto en la urbe.

Medellín vive una complejasituación delictual. Según el último informe de la Consultoría para losDerechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en esa ciudad los homicidiosaumentaron 133% entre enero y octubre de 2009. La situación encendió lasalarmas en el gobierno, y no es para menos, ya que sólo en enero pasado seregistraron 200 homicidios.

Rápidamente el presidente Uribehizo un anuncio que no ha estado exento de polémica: la conformación de una redde informantes universitarios, quienes serán recompensados económicamente conaproximadamente US$50 (100.000 pesos colombianos) por la entrega de datos alEjército.

Los analistas coinciden en que lamedida tiene lógica dentro de la política de “seguridad democrática”implementada por el presidente Uribe desde el inicio de su mandato. “Laestrategia en este plano ha sido promover la cooperación de la ciudadanía paradetener la delincuencia”, dice Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridady Democracia a AméricaEconomía.com.

“La práctica de las denuncias hatenido efectos inmediatos, como la captura de dirigentes de la guerrilla, liberaciónde secuestrados, etc.”, agrega Freddy Cante, académico de la Universidad delRosario, politólogo que agrega que “la política de seguridad democrática cuentacon el poder monetario del Estado, por lo que es absolutamente viable”.

Sin embargo, los expertos coincidenen que el anuncio del gobierno no es el camino correcto para atacar elproblema. “Cuando la política de seguridad democrática se basa en ofrecerrecompensas, la gente se moviliza por el dinero”, afirma Cante. “Esto puedegenerar efectos perversos, ya que las denuncias pueden ser por razones particulares”,concluye.

Desde la óptica de la formulaciónde políticas públicas, María Victoria Llorente, directora Ejecutiva deFundación Ideas para la Paz,señala a AméricaEconomía.com que elfoco del problema es el “conflicto entre bandas de narcotraficantes” que se hanenfrentando en Medellín en el último tiempo. “Ellas agrupan a jóvenes de entre16 y 25 años”, un segmento etáreo al que también pertenecen las víctimas delcrimen organizado, advierte Llorente.

Desde esta perspectiva, esentendible que la medida del presidente Uribe apunte a formar una red deinformantes universitarios, como una herramienta para combatir al crimenorganizado en Medellín, una “estructura pesada” (grupos paramilitares quemanejan territorios) que se  articula através de “estructuras livianas” (pandillas urbanas juveniles), explica Llorente.“El gobierno quiere tener ojos y oídos en todas partes”, sentencia.

No obstante, para la experta lamedida tendría una eficacia débil. Primero, por la baja cantidad de dinero quese pagaría por la información. Segundo, porque no existe una estrategia a largoplazo para desarticular las estructuras de sucesión del crimen que buscan tenerel control de Medellín. “Esa es la clave para eliminar a las mafias”, aseguraLlorente.

La batalla por Medellín. A dos meses de haber asumido el poder en2002, el presidente Uribe puso en marcha una de las primeras acciones paraimplementar exitosamente su política de seguridad democrática: la Operación Orión,un operativo llevado a cabo por el Ejército y la Policía en la Comuna 13, en San Javier,Medellín, y que terminó con el arresto de 243 guerrilleros, entre ellos varioscabecillas, lo que generó tranquilidad en la población de esa zona.

Sin embargo, en el último tiempolas cosas han cambiado en esa región, una tierra que liga de especial manera aÁlvaro Uribe. Por eso la directora de Ideas Para la Paz afirma que elrecrudecimiento de la violencia en Medellín constituye “una afrenta para lapolítica del presidente Uribe”, quien es oriundo de esa ciudad, así como variaspersonas que trabajan con él en el gobierno.

En paralelo, uno de los políticosmás peligrosos para Uribe, en las próximas elecciones presidenciales, tambiénes “paisa” (como se conoce en Colombia a quienes provienen de esa zona delpaís), y ya se ha mostrado contrario y agresivo en los medios con la propuestade Uribe, un ruido comunicacional que seguramente habrá motivado más almandatario para sacar un as bajo la manga y poner paños fríos alrecrudecimiento de la violencia en Medellín.

Es Sergio Fajardo: “es un errormonumental” (…) el mundo del conflicto tiene una puerta de entrada y ésta sólose cierra con oportunidades en educación… pero esta propuesta es invitarlos aentrar a un mundo al cual no deben entrar, esto no tiene presentación”,consigna la prensa colombiana.

Fajardo fue alcalde de Medellínentre 2004 y 2007, y logró mantener la ciudad en relativa calma, aunque algunospolíticos cercanos al gobierno afirman que el candidato presidencial sólo sebenefició de la acción del Estado en materia de seguridad, puntualmente de ladesmovilización de 855 integrantes del grupo paramilitar “Bloque CaciqueNutibara”, liderado por Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, el principalnarcotraficante de Medellín, tras la muerte del mítico Pablo Escobar.

Luis Carlos Restrepo, exComisionado de Paz del gobierno de Uribe y presidente del oficialista Partidode La U, señalóhace algunas semanas que Fajardo, y el actual alcalde de Medellín, AlonsoSalazar, “decidieron establecer una interlocución directa con Don Berna, según consignala prensa colombiana. Ello habría mantenido a Medellín bajo control gracias ala acción conjunta del municipio y la acción de los paramilitares, lo que seconoce como “donbernabilidad”. Sin embargo, la extradición de “Don Berna” aEstados Unidos, en 2007, cambió radicalmente el panorama.

Llorente, de Ideas para la Paz, señala que el vacío depoder dejado por Don Berna ha sido una de las causas del conflicto en Medellín,“por la sucesión de este personaje”, lo que ha provocado una escalada deviolencia en la ciudad.

La experta señala que si a loanterior le sumamos el contexto de época electoral, la consolidación de lapolítica de seguridad democrática no es un tema menor. “Uribe buscareposicionarse como el personaje que logra dar seguridad. Dicha políticarequiere continuidad, y “arraigar la idea de que sólo él puede dar garantíaspara que se mantenga”.

Aunque la propuesta de los informantesuniversitarios no genera consenso en Colombia, si efectivamente este plan lograreducir las alarmantes cifras de homicidios en Medellín, Uribe habrá sentadodefinitivamente un precedente en materia de seguridad, y anotará un gran puntoa favor de su gestión.