Luego de que el ministerio público, en compañía de la liquidadora, anunciara la terminación del contrato de una de las EPS más grandes del país, varias preguntas quedaron en el aire.

Muchas dudas quedaron sin resolver luego de que la Procuraduría, en conjunto con la liquidadora de Cafesalud, anunciara que el contrato de la EPS Medimás había sido revocado. ¿Cuáles fueron las razones de fondo para tomar esa drástica decisión? ¿Realmente tenía la Procuraduría competencia para tomarla? ¿Qué pasará con los pacientes? ¿Por qué parecía que la Superintendencia de Salud (Supersalud) no le seguía la cuerda? ¿Por qué las directivas de la EPS acusaban al ministerio público de crear pánico?

Para resolverlas, El Espectador conversó con el viceprocurador, Juan Carlos Cortés. Según él, hubo suficientes motivos para que se tomara esa decisión, aunque ha habido varias imprecisiones. La principal, dice, es creer que la Procuraduría fue la entidad que la tomó. “Efectivamente, no tenemos competencia para revocar contratos”, dice.

¿Qué han podido establecer con claridad sobre el respaldo financiero detrás de Medimás?

En agosto le pedimos a la liquidadora que considerara nuestros hallazgos, que evidenciaban incumplimientos del contrato de compraventa. Entre ellos, uno importante relacionado con la mora en el pago de las cuotas a las que se había comprometido esta EPS para pagar las acciones de Cafesalud. Había tres meses en mora en ese momento. Nosotros estábamos hablando, si mal no recuerdo, de $35.000 millones (US$ 11,4 millones). Esas circunstancias debían ser evaluadas en una actuación administrativa de la liquidadora, para determinar si constituía un incumplimiento que diera lugar a la terminación del contrato. La liquidadora se tomó su tiempo y el miércoles informó a la Procuraduría que, en consideración a esas solicitudes y evidencias, encontraba incumplimientos en la red de atención y manejo financiero. Y reiteró que no se han pagado $74.000 millones (US$ 24,2 millones) para pago de acciones, $31.000 millones (US$ 10,1 millones) en arriendo, $17.000 millones (US$ 5,5 millones)en intereses de mora y que no se han hecho adecuaciones a las sedes que se habían ordenado por $2.500 millones (US$ 820.556). Entonces hay un hueco de más de $120.000 millones (US$ 39,3 millones) en no pagos. Una segunda circunstancia es que de las 19 clínicas de la red básica hay ocho cerradas.Hay otro punto que es necesario aclarar: independientemente de esta decisión de la liquidadora, la Supersalud había adelantado una vigilancia para efectos de una eventual revocatoria de la habilitación. El martes la Supersalud produjo una resolución para dos EPS pidiéndoles información. Eso se ha entendido como una contradicción, pero obedece a razones de tiempo. Entonces, hablamos de dos roles distintos: la liquidadora que debe garantizar que le cumplan su contrato y la Supersalud que debe garantizar que la EPS cumpla las condiciones de habilitación. Lo que sucedió fue que se cruzaron en esa decisión y eso generó un malentendido, porque parecía que una decisión era contraria de la otra. Ahora bien, con esta terminación del contrato la Supersalud tendrá que evaluar cuál es el efecto y qué hará para que se traslade a los pacientes.

¿Antes de hacer el anuncio se habían comunicado con la Supersalud?

La decisión la tomó la liquidadora. A nosotros nos informaron el miércoles y lo que hicimos fue divulgar el contenido de esa decisión. No sé si hubo una reunión de la liquidadora y de la Supersalud previamente. Esa parte no la conozco.

Es decir que la Procuraduría no tiene competencia para ejecutar una intervención de este tipo.

Exacto. No. La Procuraduría interviene en procesos, como ocurrió en este caso. En algunas partes han dicho que la Procuraduría ha ordenado la revocatoria del contrato; eso no es así. La Procuraduría desarrolla una vigilancia preventiva y una acción disciplinaria. Lo que hemos hecho es requerir a las autoridades que tomen las medidas. Pero, efectivamente, la Procuraduría no tiene esa competencia de revocar esa habilitación ni de revocar contratos.

Entonces, ¿por qué, si no tienen esa competencia, decidieron hacer este anuncio en conjunto con la liquidadora?

Porque es una comunicación entre los dos. La liquidadora le está informando a la Procuraduría en respuesta a lo que la Procuraduría había pedido que investigara. Es transparencia.

Medimás acusa a la Procuraduría de crear pánico. ¿Qué les responde?

Yo me pregunto cuál es el pánico. La primera advertencia fue que los usuarios deben seguir siendo atendidos. La EPS debe seguir con el aseguramiento. Pero no me sorprende, porque empiezan a jugar las estrategias de sembrar cortinas de humo. El llamado de la Procuraduría ha sido a la calma. La toma de las decisiones administrativas de los entes competentes y la aplicación de la ley no pueden ser vistas como generación de pánico.

¿Antes de tomar esa decisión se había estudiado un plan de contingencia?

Entiendo que la Supersalud, en su evaluación de la habilitación de la EPS, ha venido haciendo seguimiento para validar la posición de la EPS en los departamentos. Con el cierre de las clínicas surge una situación especial.

En el escenario en que se deshaga la venta, ¿qué pasaría? ¿Quién les paga a los proveedores? ¿Qué plata le tiene que devolver el Estado a los que compraron?

Mientras Medimás opere porque tiene afiliados, seguirá funcionado. Eso es una garantía de continuidad. En ese proceso de transición seguirá recibiendo la UPC, y debe seguir con sus obligaciones. Al momento de hacer un traslado de los pacientes y o al proceder a hacer una extinción de Medimás, hay un escenario pactado contractualmente que es el Tribunal de arbitramento, que es una instancia de solución de conflictos en la cual se discuten las cargas económicas de ambas partes. En el caso de la infraestructura hospitalaria se revierte a la liquidadora. Entonces será la liquidadora la que tomará una decisión administrativa: venderlas, administrarlas, ponerlas en subasta…

Justamente, la Procuraduría ha sido contundente con Medimás. Pero otras EPS como Coomeva y Savia Salud tienen problemas del mismo tamaño en términos de pacientes… ¿Hay acciones?

Hay acciones, hay vigilancia y, en su momento, tendremos que avanzar en solicitudes administrativas. Vamos a continuar con esa labor; no hay duda. Aunque es cierto que Medimás es una EPS especial, que nace de una compraventa, que nace sin habilitación y que, en su momento, era la más grande del país. Tenía un rol protagónico. Por eso, en las actividades de prevención y vigilancia, le damos prioridad.

¿Hay mucho lobby político en esta discusión?

En la Procuraduría, cero. No lo toleramos ni lo buscamos. No hay lobby político.