La Corte Suprema resolvería que este tipo de normas no pueden ser usados para eludir la acción del Congreso, en medio de la polémica político-judicial por el uso de las reservas del Banco Central.

Buenos Aires. La Corte Suprema de Argentina anunciará en breve que los decretos de necesidad y urgencia (DNU) no podrán ser usados por el gobierno para eludir el accionar del Congreso en temas políticos, publicaron este domingo medios locales.

El hecho trasciende en momentos que la presidenta del país sudamericano desafía un fallo judicial para usar reservas del Banco Central destinadas al pago de deuda pública.

La resolución del máximo tribunal remarcará que los conflictivos DNU son de carácter excepcional y sujetos al control de la justicia, coincidieron los diarios La Nación y Clarín, según fuentes judiciales.

"Quienes conocen los primeros borradores, que tienen el respaldo de cuatro de los siete jueces, afirman que esas sentencias establecerán una interpretación restrictiva de la atribución presidencial", publicó el primero de los periódicos.

Agregó que "a pesar de los ataques que la presidenta Cristina (Fernández de) Kirchner dirigió a la Justicia y, en particular, a la Corte Suprema, las decisiones no serán sorpresivas ni traducen espíritu de revancha".

La mandataria argentina firmó a inicio de marzo, el mismo día en que inauguraba las sesiones ordinarias del Congreso, dos decretos para utilizar US$6.569 millones de las reservas del Banco Central, pero una jueza de primera instancia suspendió su aplicación hasta que el tema sea tratado por los legisladores nacionales.

De inmediato, Fernández profundizó la crisis política que arrastraba el tema al decir públicamente que la justicia no podría frenar su accionar e igualmente seguiría con su decisión de afrontar la cancelación de deuda soberana con recursos de la autoridad monetaria.

Los choques de poderes se producen previo a que Argentina espera lanzar un demorado canje de bonos impagos por US$20.000 millones, con el objetivo de retornar a los mercados internacionales de crédito.

Las fuentes de la Corte Suprema aclararon que las limitaciones que analiza el máximo tribunal son estudiadas desde 2009.

En uno de los últimos plenarios, uno de los jueces señaló: "tendríamos que habernos puesto de acuerdo antes y sacar esto el año pasado", dijo Clarín.

Los DNU son constitucionales, con fuerza de ley, por lo que el Congreso tiene la atribución de respaldarlos o derogarlos.

Desde diciembre, el gobierno perdió la mayoría legislativa y ahora vería comprometido el aval al decreto específico para pagar a acreedores privados con las reservas del Banco Central, tema que ya costó el despido del anterior jefe de la entidad y la derogación de otro DNU similar.