María Alejandra Vicuña fue acusada por su ex asesor Ángel Sagbay, quien denunció que la ex vicepresidenta le habría pedido colaboraciones económicas para mantenerlo en el cargo y que ese aporte era una "contribución obligatoria" para el movimiento ABA.

Quito. La justicia ecuatoriana decidió llamar a juicio penal a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña (2017-2018) por su presunta participación en el delito de concusión, informó la Fiscalía General del Estado.

La decisión fue adoptada por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ante la solicitud de la Fiscalía, que emitió dictamen acusatorio en contra de Vicuña como autora del delito, indicó la dependencia en un comunicado.

El fallo fue dado a conocer en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio que se celebró este martes.

El juez Saquicela ratificó además las medidas cautelares de prohibición de salida del país y de presentación periódica ante la justicia local de la ex vicepresidenta.

Asimismo, declaró la prohibición de enajenar un bien inmueble de propiedad de Vicuña avaluado en unos US$300.000.

El pasado 15 de mayo, en el inicio de la audiencia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó 34 elementos de convicción en contra de Vicuña, los cuales fueron recabados durante el periodo de instrucción fiscal (presentación de pruebas acusatorias).

Según la Fiscalía, la ex vicepresidenta habría recibido dinero, de forma irregular, por parte de ex colaboradores, para el financiamiento de su organización política Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), cuando se desempeñaba como asambleísta (legisladora) en la Asamblea Nacional (Congreso).

Vicuña, quien fue asambleísta en dos ocasiones (2009-2013 y 2013-2017), fue acusada por su ex asesor Ángel Sagbay, quien denunció que la ex vicepresidenta le habría pedido colaboraciones económicas para mantenerlo en el cargo y que ese aporte era una "contribución obligatoria" para el movimiento ABA.

La Fiscalía agregó que entre las pruebas de convicción presentadas al juez consta un informe pericial contable y financiero, del que se desprende que los movimientos en las cuentas bancarias de la ex vicepresidenta alcanzaron los US$590.000, cifra que no coincidiría con lo declarado ante el Servicio de Rentas Internas.

Añadió que esta pericia también determina que no se puede identificar que el destino del dinero que ingresó a las cuentas de la ex vicepresidenta, como aportes supuestamente voluntarios de sus colaboradores, haya sido utilizado para la organización política ABA.

De acuerdo con la Fiscalía, el movimiento ABA no es una organización legalmente constituida ni registrada o calificada por el Consejo Nacional Electoral y tampoco lleva contabilidad ni tiene Registro Único de Contribuyentes.

El caso estalló en octubre de 2018 a raíz de la denuncia de Sagbay, por lo que la Fiscalía abrió una indagación previa.

El período de instrucción fiscal inició el pasado 23 de enero.

Mientras tanto, el juez de la Corte Nacional de Justicia a cargo del caso, consideró que existían elementos suficientes de que Vicuña, abusó de su cargo de asambleísta para exigir a su ex asesor que deposite dinero en su cuenta personal.

Además, de que no habría podido justificar qué hizo con los aportes, que supuestamente fueron voluntarios y destinados al movimiento Alianza Bolivariana Alfarista.

La ex vicepresidenta ha reconocido haber recibido depósitos de su ex colaborador en su cuenta bancaria personal, pero ha negado que dichos aportes hayan sido obligados.

En su momento, Vicuña argumentó que la denuncia es parte de una supuesta trama de extorsión y de una campaña de desprestigio del Gobierno.