El reparto de la compra en proceso tendría que empezar a partir de julio, pero no parece que los plazos vayan a cumplirse.

La insuficiencia de medicamentos y otros insumos en clínicas y hospitales del sector público mexicano es evidente desde hace semanas, pero el verdadero problema apenas está por venir a partir de julio -en 3 semanas- si conforme van las cosas no termina de culminarse la ya muy retrasada compra consolidada para el abasto de fármacos en el segundo semestre.

Después de posponerse varias veces la convocatoria para dicha licitación, finalmente se emitió el 5 de junio. El problema es que no salió con la claridad acostumbrada.

La consecuencia: les llegó un alud de más de 5000 preguntas y dudas de parte de las empresas proveedoras. Y como ya está iniciado el proceso de licitación, que finalmente es un acto legal del Gobierno, las autoridades están obligadas a responder todas y cada una.

Muchas son dudas técnicas y quizá sencillas de responder porque corresponden a las garantías de cobro o algunas a precisiones del proceso, el problema es el tiempo, y sabemos que ya le entró a apoyar gente del IMSS con más experiencia en esto. pero hay otras más complejas porque se refieren a la certeza jurídica de la licitación e incluso hay cuestionamientos sobre la legalidad de aspectos muy específicos. Y eso sí está por verse cómo lo responderán.

Hay preguntas en torno a los procesos de cobro y sobre lo que pasará si no se paga en el tiempo acordado o en torno a las garantías que hay en caso de que no se cubra el costo previsto en los contratos.

Pero los cuestionamientos importantes de las farmacéuticas están en torno a la legalidad del proceso.

Nos comentan que entre las preguntas repetitivas están las relativas a artículos específicos de la Ley Federal de Adquisiciones, en particular el artículo 14 y el 28, donde se establece la preferencia que en las compras de Gobierno deben tener las empresas de capital nacional. Preguntan por ejemplo porqué es una compra abierta internacional si antes no hubo una previa declara desierta como dice la ley.

Las farmacéuticas están dejando en claro a los funcionarios organizadores de esta megacompra que la legalidad del proceso es cuestionable, e implícitamente queda abierta la opción de los amparos.

Cada día que pasa la tensión se multiplica. No pueden permitir que el proceso se siga empantanando porque se trata de la salud de los mexicanos. El tiempo apremia. Está por verse cómo lo resolverá el equipo de la oficial mayor Raquel Buenrostro organizadora de la megacompra, pero también cómo lo abordará la Secretaría de Salud que encabeza el doctor Jorge Alcocer, porque finalmente es a su dependencia a la que le corresponde aclarar las dudas.

Que por cierto, entre las dudas presentadas está lo referente al papel de acompañamiento de la Secretaría de Hacienda, dado que dicha figura no existe en ninguna ley.

El 10 de junio fue pospuesta para el 11 la junta de aclaraciones. Un día sería lo de menos si no fuera porque los tiempos ya están demasiado ajustados y los pacientes no pueden esperar más a que les llegue su terapia, sobretodo aquellos cuya vida está en juego. Es decir, el costo de los retrasos en esta compra de medicamentos está en las complicaciones y en el número de vidas perdidas en hospitales a falta de terapias e insumos para atenderlos adecuadamente.

El reparto de la compra en proceso tendría que empezar a partir de julio, pero cada día que se retrasa el proceso, la presión de por sí fuerte se eleva a niveles insostenibles. De hecho nos enteramos que algunas farmacéuticas grandes ya están mencionando que dado el desorden y la incertidumbre prefieren no entrarle a esta licitación porque no alcanzarán a cubrir los acelerados tiempos de entrega solicitados.