Por María Ester Buzzoni, Psicóloga y docente Universidad San Sebastián.

Los trastornos que afectan la salud mental de las personas se encuentran estrechamente relacionados a los estilos de vida y las condiciones de riesgo psicosocial, las cuales son desiguales según nivel socioeconómico, edad, sexo y etnia, entre otros variables.

Sabemos que las inequidades en el acceso al bienestar se acumulan para los grupos más vulnerables en cualquiera de estas dimensiones. Por ejemplo, las condiciones de acceso a la salud serían considerablemente menores para una mujer de 70 años que vive en la comuna de Hualaihué (Región de Los Lagos) que para un hombre de 30 años que vive en la comuna de Santiago. De ahí la importancia de generar instancias que permitan tomar conciencia sobre los diversos modos de enfermar de la población y eliminar el estigma social asociado a este tipo de desórdenes.

En ese sentido, abordar los trastornos anímicos y mentales, y reflexionar acerca de su ligazón con los estilos y la calidad de vida de las personas es primordial. Por otra parte, realizar actividades que contribuyan a la comprensión de las necesidades de las personas que padecen este tipo de perturbaciones, ya es un imperativo como sociedad. 

Se espera que un mayor conocimiento acerca de este tipo de enfermedades, vaya aparejado de mayor conciencia acerca de las condiciones de vida que acompañan el surgimiento de determinados modos de enfermar y de la importancia de contribuir como sociedad a mejorar las condiciones de vida de la población, orientando el trabajo de los equipos y las comunidades a la prevención, tal como lo propone el Plan Nacional de Salud Mental (Minsal, 2017).

Sin embargo, más allá de estas modificaciones culturales, se hace urgente que el Estado de Chile aborde su histórica deuda con la salud mental de los chilenos.

En un artículo de Errázuriz, Valdés, Vöhringer y Calvo (Revista Médica de Chile, 2015) se revisan cifras que revelan un deficiente financiamiento de la salud mental, el cual tampoco ha aumentado de acuerdo a los objetivos del Ministerio de Salud. Por otra parte, según el Informe Anual Estadísticas de Licencias Médicas y Subsidio por Incapacidad Laboral de la Superintendencia de Salud (2019), las licencias médicas tramitadas por afecciones de salud mental encabezan el gasto nacional en coberturas de salud y han aumentado 12,3% entre 2017 y 2018.

Considerando la intención de otorgar una atención digna a los pacientes que padecen trastornos de salud mental, sería deseable aumentar el porcentaje del presupuesto público de salud a este ítem, así como estudiar qué patologías mentales requieren ser incluidas dentro de las nuevas enfermedades del plan AUGE/GES. Sin embargo, se requiere también avanzar con mayor propósito en las promesas del Plan Nacional de Salud Mental, orientadas desde figura de derechos humanos, especialmente en la perspectiva de participación en salud y que implica un cambio cultural importante en la comunidad.

En este sentido, el abordaje de este tipo de enfermedades no puede ser en la misma lógica de las afectaciones somáticas, dado que su curso depende, en una buena parte, de las condiciones de vida de quien las padecen. Se requiere, entonces, de presupuestos orientados a impulsar cambios en los hábitos, transformaciones culturales y relacionales orientadas a la integración social y la inclusión, tareas en las que nuestro país recién se inicia.