Alberto Aguirre M., Periodista para El Economista. 

Bajo sospecha, por la presunta injerencia de agentes externos, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) enfila hacia una nueva etapa, conducido por un grupo compacto, encabezado por el recién electo director general, Juan Rivera-Dommarco, y en el que también participan Simón Barquera, Salvador Villalpando Hernández y Mario Henry Rodríguez López.

Hace un mes, Mauricio Hernández Ávila terminó su periodo al frente del INSP. Y su relevo estuvo marcado por una inconveniente disputa que derivó en un ríspido intercambio, que tuvo un primer episodio en los trascendidos contra el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Pablo Kuri Morales, al que acusaron de estar comprometido con la industria de los alimentos procesados.

Y justo una semana antes de la elección del nuevo director general del INSP apareció un reportaje del New York Times sobre el presunto espionaje que habría afectado a Simón Barquera, encargado de los programas de nutrición en el INSP, y a directivos de El Poder del Consumidor y Salud Crítica, dos organizaciones adheridas a la Alianza por la Salud Alimentaria, un consorcio de organizaciones de la sociedad civil con una agenda definida contra el sobrepeso.

El enfrentamiento entre estos dos bloques de la comunidad médica —uno, identificado con Julio Frenk y la Fundación Mexicana para la Salud; el otro, con la Fundación Carlos Slim— como telón de fondo la definición de las políticas públicas para inhibir la diabetes y el sobrepeso entre la población.

Fuego amigo en el sector salud. La oficina del secretario José Narro recibe presiones para supuestamente transparentar el proceso electivo en el INSP, mientras Hernández Ávila, sin prurito, prepara la unción de Rivera Dommarco, también es criticado por sus afanes sucesorios, pero sobre todo por extender su dominio en la institución, cuya sede se ubica en Morelos.

Unos y otros alegan conflicto de interés y exigen transparentar el financiamiento de estudios sobre alimentos y bebidas.

Rivera Dommarco dejó al director del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del INSP, Rafael Lozano Ascencio, y al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Pablo Kuri Morales. En la votación, recibió cinco de los siete votos posibles, aunque el secretario Narro Robles decidió abstenerse.

El nuevo titular del INSP ha sido blanco de diatribas, por su agenda de investigación. Principalmente, por un ensayo, junto con Barry M. Popkin sobre el consumo de agua, subvencionado por el Centro de Investigación Danone. Las suspicacias crecerán este mediodía, con la presentación en la sede central de la Secretaría de Salud, de un estudio realizado conjuntamente con la Universidad de Carolina del Norte, que comprobaría la efectividad del llamado impuesto anti-chesco.

En el primer año de la implementación del nuevo impuesto se registró una reducción de 6% en las compras de bebidas azucaradas. Y la investigación elaborada por el titular del INSP y sus colegas Arantxa Conchero y Shu Wen Ng mostraría que la disminución fue de 9,7% en el 2015, mientras que las compras de bebidas no gravadas aumentaron 2,1% en el periodo.

El reporte fue publicado en la edición más reciente de la revista Health Affairs. Y sus autores declararon que obtuvieron recursos de Bloomberg Philantropies, la Fundación Robert Wood Johnson y el Centro de Población de la Universidad de Carolina del Norte.

“Los hogares en el nivel socioeconómico más bajo tuvieron las mayores disminuciones en las compras de bebidas gravadas en ambos años”, dedujeron, “las conclusiones de México pueden alentar a otros países a utilizar políticas fiscales para reducir el consumo de bebidas no saludables junto con otras intervenciones para reducir la carga de enfermedades crónicas”.

El éxito de esta política recaudatoria es innegable: en el 2015 la recaudación fue de 21.062 millones de pesos (US$ 1.068 millones) y subió a US$ 1.179 millones en el 2016. Y la industria de alimentos procesados en México goza de cabal salud. Por ejemplo, Gruma registró una utilidad neta de US$ 286 millones en el 2016; sus ventas alcanzaron su máximo histórico para ubicarse en US$ 3.437 millones, 16% más que en el 2015. Y Grupo Bimbo registró un crecimiento en sus ventas de alrededor de 11,2%, a 66.181 millones de pesos (US$ 3.356 millones) hacia el cierre de sus resultados financieros del cuarto trimestre del 2016.

Por su parte, Grupo Lala reportó que durante el cuarto trimestre del año pasado su utilidad neta mayoritaria ascendió a 1.212 millones de pesos (US$ 61 millones), lo que representó un incremento de 19,2% respecto de los 1.017 millones de pesos (US$ 51 millones) reportados en el mismo periodo del 2015. La empresa detalló que lo anterior se explica, entre otras cosas, por beneficios fiscales no recurrentes por un monto de 600 millones de pesos (US$ 30 millones), así como US$ 5 millones en ingresos financieros netos. Y de acuerdo a la Encuesta mensual de la industria manufacturera de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el volumen de ventas de refrescos (en millones de litros) aumentó 1,6% en el 2016.