Naciones Unidas ha solicitado una "revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones" para estipular si los agentes cumplen con las normas y estándares internacionales.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha pedido este miércoles a las autoridades colombianas abrir una serie de "investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes" sobre el presunto uso de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y poner en marcha así una "profunda transformación" en la unidad especial de la Policía.
Naciones Unidas, que ha instado al Gobierno colombiano a analizar el comportamiento de los antidisturbios durante las "recientes protestas sociales" registradas en el país, ha solicitado una "revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones" para estipular si los agentes cumplen con las normas y estándares internacionales.
Así, en un comunicado difundido este mismo miércoles, la organización ha expresado su preocupación por la gestión de las autoridades a las protestas y ha recomendado restringir "en la mayor medida posible" el uso del Ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana.
En este sentido, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la Policía, el documento recomienda transferir la supervisión de las fuerzas de seguridad al Ministerio del Interior.
Según el texto, que alerta de que se "privó de forma arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá durante las protestas con un rifle de calibre 12", algunos miembros del ESMAD no cumplieron con las normas y estándares internacionales en relación con el uso de la fuerza.
"Durante las protestas, algunos oficiales de policía presuntamente perpetraron actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y/o tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas", ha alertado la ONU, que asegura que "algunos manifestantes fueron presuntamente arrestados y golpeados por miembros de la Policía".
La ACNUDH ha solicitado a Bogotá acelerar la "implementación de la Reforma Rural Integral contenida en el acuerdo de paz en coordinación con otros procesos e instrumentos de planificación" y ha alentado a la Fiscalía a ampliar sus investigaciones sobre las "agresiones contra las personas contra los defensores de los Derechos Humanos, especialmente en relación con la identificación y sanción de los autores intelectuales de estas agresiones".
Contra el "paquetazo" y a favor de unas mejoras sociales. Bolivia, Ecuador, Chile o Perú también han vivido en los últimos meses fuertes movilizaciones, aunque por distintos motivos. En el caso de Colombia, miles de personas han salido a la calle para exigir mejoras que van desde asuntos económicos a otros relacionados con la seguridad.
El principal objetivo de las movilizaciones es rechazar "el 'paquetazo' del presidente, Iván Duque" y las medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Las demandas incluyen mejoras sociales, una mayor seguridad en los territorios afectados por el conflicto armado, y la reanudación del diálogo de paz entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otras.
Duque ofreció inicialmente una "gran conversación nacional" que, además de a los manifestantes, incluya a empresarios y representantes de diversos sectores, pero el Comité del Paro se negó exigiendo una negociación bilateral.
Finalmente, el Gobierno ha accedido a un diálogo exclusivo con el Comité del Paro, aunque no ha renunciado a su "gran conversación nacional" que, según explicó el consejero presidencial Diego Molano, transcurre en paralelo.
