Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.
El equipo entrante tiene la oportunidad de lograr un avance en transparentar el ejercicio de los recursos para salud. En realidad podría aprovechar para generar un avance de transparencia en todos los rubros de ingresos y egresos del Erario público. Pero donde hay un pendiente que se exige desde hace tiempo y ya urge es en salud.
Sobretodo porque hay recursos recaudados específicamente para este rubro sin que se tenga la certeza de que efectivamente se destinan a atender la salud.
Son varios gravámenes específicos aplicados so pretexto de proteger la salud de la población.
Hablamos de los Impuestos Especiales de Productos y Servicios (IEPS) aplicados a las cajetillas de cigarrillos, a bebidas alcohólicas, a refrescos y bebidas altamente calóricas y a los llamados alimentos chatarra por ser altos en calorías y vacíos de propiedades nutricionales.
Por concepto de estos IEPS, el Gobierno federal recaudó en 2017 un total de 130.853 millones de pesos (US$ 6.986 millones). De acuerdo con un recuento presentado ayer por tres organizaciones civiles -Poder del Consumidor (EPC), Fundación InterAmericana del Corazón México (FIC México) y Acción Contra el Alcoholismo-, es la suma resultante de lo que captó el Erario el año pasado por IEPS a bebidas saborizadas ($23.162,9 millones de pesos o US$ 1.236 millones), a alimentos básicos de alta densidad energética (US$ 978 millones), a tabaco (US$ 2.088 millones), a cerveza y bebidas refrescantes (US$ 1.868 millones) y una estimación de $15.220 millones (US$ 812 millones) recaudados por impuesto a bebidas alcohólicas.
Como se ve, el que más recauda es el IEPS a tabaco, pero desde 2008 no se han impulsado un ápice las medidas para prevenir el consumo de tabaco entre niños y adolescentes.
Esos más de 130,000 millones de pesos que provienen de fuentes específicas deberían ser dirigidos para programas también específicos para atender y combatir las enfermedades que provoca el alcoholismo, el tabaquismo y la obesidad, males que están haciendo colapsar al sistema de salud, y que inevitablemente será un desafío para la próxima administración.
Transparentar esos recursos es una solicitud constante de hace años, y a la fecha ha tenido oídos sordos. Lo han solicitado innumerables organizaciones de la Sociedad Civil, las mismas industrias cuyos productos son sujetos de pagar IEPS e incluso lo han pedido legisladores, pero no se ha hecho nada. Ni transparentarlos ni etiquetarlos ni dirigirlos hacia salud.
El argumento es que la ley impide etiquetar el presupuesto para fines específicos. Sin embargo cuando se quiere se puede. Se hizo en el caso del presupuesto etiquetado para igualdad de género y mujeres y en el caso de presupuesto para bebederos, aunque este último es un tema que implica abordarse por separado.
Ahora que viene un nuevo equipo de gobierno cuya agenda social se supone será prioridad, debe ser una buena coyuntura para dar ese paso en transparencia.
Aparte, es el momento oportuno para una reingeniería del presupuesto pues además, se ha dicho, será diseñado ahora sí con base cero, es decir, bajo un nuevo replanteamiento y reingeniería por completo desde el principio.
La exigencia de transparencia es obvia si se considera que a pesar de esos nuevos IEPS en los últimos años, las carencias en las instituciones de salud no bajan sino al contrario. La impresión es que son un barril oscuro sin fondo. En el sexenio saliente fue más notorio porque de pilón hubo recortes.
Fuera conflicto de interés en comisiones
Un punto importante que ayer plantearon las organizaciones civiles fue sobre la necesidad de acabar con los conflictos de interés entre la industria y los hacedores de política pública contra tabaquismo, alcoholismo, sobrepeso y obesidad. Propusieron un punto concreto: que las comisiones de salud tanto en Cámara de Diputados como de Senadores prueben que sus integrantes están libres de conflicto de interés. Seguro debe existir una forma de hacerlo.
