Decíamos la semana pasada que, contra lo que dijo hasta en tres ocasiones el presidente Biden, el Acta de Relaciones con Taiwán de 1979 no establece un compromiso por parte de Estados Unidos de intervenir militarmente en caso de que China ataque a Taiwán. Sugeríamos que declarar en forma reiterada que tal compromiso sí existía en el contexto de un deterioro creciente de la relación con China no podía ser un simple error. En este artículo mencionaremos cambios recientes en China que podrían explicar las declaraciones de Biden.
Incluso si aceptásemos la premisa de que Taiwán es una provincia rebelde que, tarde o temprano, debería volver a estar bajo la soberanía de China, seguiría vigente el principio del derecho internacional que proscribe la adquisición de territorios por medio de la guerra. Es decir, el derecho internacional no se pronuncia sobre la reivindicación que China hace respecto a Taiwán, se limita a prohibir la amenaza o el uso de la fuerza como medios para ejercer esa reivindicación. Sin embargo, el más reciente documento oficial de seguridad de China sobre Taiwán viola ese principio al sostener lo siguiente: “Trabajaremos con la mayor sinceridad y haremos el mayor esfuerzo posible para alcanzar la reunificación por medios pacíficos. Pero no renunciaremos al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias”.
Aunque el documento añade que “El uso de la fuerza sería un recurso de última instancia bajo circunstancias apremiantes”, ello no hace mayor diferencia por dos motivos. En primer lugar, porque establecer si se dan esas circunstancias apremiantes no es algo que defina un tercero neutral, sino que, antes bien, quedaría librado al criterio discrecional de una de las partes en conflicto. En segundo lugar, porque ello no se atiene a lo que establecen las normas del derecho internacional sobre el uso legítimo de la fuerza. Específicamente, según la Carta de las Naciones Unidas, el empleo de la fuerza en la relación entre Estados solo es legítimo bajo dos circunstancias: en defensa propia en caso de ataque armado contra un Estado miembro de la ONU, o en caso de contar con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para preservar o reestablecer la paz y la seguridad internacionales.
En años recientes el Estado chino contemplaría como posibilidad el empleo de la fuerza contra Taiwán porque ha reducido de manera significativa la brecha que lo separa del poderío militar de los Estados Unidos. Por ejemplo, según algunos cálculos, la marina de guerra china contaría ya con más buques que su par estadounidense. Es cierto que ese mero dato no basta para establecer el poderío militar de China, dado que ese país no ha peleado una guerra en más de cuarenta años y el armamento que fabrica apenas si ha sido probado en combate. Pero no deja de ser un indicio de las tendencias en el plano militar.
Una hipótesis plausible es que, dados esos cambios recientes, el gobierno de los Estados Unidos supondría que la ambigüedad de su compromiso con la seguridad de Taiwán ya no bastaría para disuadir a China de lanzar un ataque. El compromiso asumido por los Estados Unidos en el Acta de Relaciones con Taiwán sostiene que “cualquier intento por determinar el futuro de Taiwán por medios que no sean pacíficos,(…), será de grave preocupación para los Estados Unidos”. Pero que algo sea de “grave preocupación” para el gobierno estadounidense no dice nada específico respecto al tipo de acciones que estaría dispuesto a llevar a cabo en caso de ataque. Hasta hace poco esa ambigüedad había bastado como medio de disuasión porque los Estados Unidos contaba con una amplia superioridad militar y porque, de hecho, intervinieron militarmente cuando China intentó recuperar Taiwán por la fuerza en los años 50. Pero, como vimos, las circunstancias están cambiando.
