Por , economista, consultora en FDM - Bolivia
La Razón. En vísperas de recibir el Año Nuevo tuvimos que dirigirnos a la asistencia pública. Un familiar mío, como muchos otros sin seguro de salud, necesitaba una atención de emergencia. Llegamos y el diagnóstico fue “trombosis venosa profunda”. Afortunadamente existe la Ley 475, que establece la atención gratuita a los adultos mayores, por lo que mi familiar fue derivado al Hospital del Tórax.
Llegamos a Emergencias de ese nosocomio y después de una prolongada espera nos dijeron que no había especialistas y que debíamos volver el martes 3 de enero; además, se requería una ecografía que no cubre el seguro. En ese momento empezó nuestra peregrinación por establecimientos de salud públicos y privados en busca de ese estudio y un médico cardiovascular, ya que se nos alertó sobre el peligro de esa patología: “Si llega a los pulmones, le puede dar un paro que ocasionaría la muerte”, nos dijo un especialista.
Al no encontrar atención médica, insistimos en el Tórax. Allí se limitaron a decirnos que le vendemos la pierna al paciente y que lo trajéramos de regreso ¡cuando no pueda respirar! Al día siguiente, recurriendo a un amigo médico, logramos internarlo en un hospital privado; lo único cuestionable fueron los altos costos, cobran hasta de lo que uno respira y ni qué decir de los sobreprecios en los medicamentos. Y ante esta situación uno se pregunta, ¿aquella gente que no tiene recursos tiene que morir?
¿Qué hace el Colegio Médico para que existan especialistas acordes con las patologías particulares de cada región del país? ¿Acaso en una ciudad de altura no deberían haber varios médicos cardiovasculares? ¿Acaso nuestra Carta Magna no sostiene que el derecho a la salud es una función suprema y la primera responsabilidad financiera del Estado?.
La gestión del sistema de salud es una competencia concurrente; corresponde al nivel central la política nacional y el financiamiento del personal dependiente del Sistema Único de Salud; a los gobiernos departamentales, la administración de los establecimientos de tercer nivel y proveer la infraestructura, servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros; y a los gobiernos municipales, las mismas responsabilidades, pero de los hospitales de primer y segundo nivel.
De acuerdo con el Presupuesto General de 2017, la asignación de recursos públicos al sector salud asciende a Bs 18.304 millones (US$ 2.635 millones), monto equivalente al 6,8% del PIB proyectado, dato que no dista mucho de nuestros países vecinos como Chile y Brasil, cuyos porcentajes en 2014, según el Banco Mundial, ascendían a 7,8% y 8,3%, respectivamente.
Según datos del INE, considerando la población que recibe atención gratuita de salud (niños hasta 5 años y adultos mayores de 60 años) estamos hablando de 2.421.922 beneficiarios, cuyo gasto en salud per cápita equivaldría a Bs 7.557 (US$ 1.087), cifra que no parece tan baja. Sin embargo, este cálculo es muy simple; corresponde hacer una evaluación profunda sobre el costo y cumplimiento de responsabilidades de todos los niveles de gobierno.
Los medicamentos y suministros de esta atención son financiados con el 15,5% de los recursos de Coparticipación Tributaria de las municipalidades: a noviembre de 2016, de un presupuesto de Bs 1.365 millones (US$ 196,5 millones), ejecutaron Bs 893 millones (US$ 128,5 millones); y de acuerdo con el Sistema Informático de Control Financiero de Salud (SICOFS), al 31 de julio de 2016 los saldos en las cuentas de salud de dichas entidades superan los Bs 1.400 millones (US$ 201,5 millones).
Al parecer, el problema radica en la gestión del sistema de salud. Tal vez sea necesario reordenar las responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno, aspecto que podría ser encarado en el proceso del pacto fiscal. No menos importante es el papel de los colegios médicos, cuya participación y compromiso pueden promover importantes cambios.
