En el 2018, por primera vez en México las defunciones por homicidio superaron a las defunciones por accidentes

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los 10 años que van del 2009 al 2018 han fallecido en el país 730 mil 757 personas por causas violentas o en eventos accidentales o no intencionales. De esa suma, la mayor carga se encuentra en las defunciones consideradas como accidentales o no intencionales, con 389 mil 546, cifra que implica un promedio de 106 casos al día.

En segundo lugar, se encuentran las defunciones por homicidio, las cuales suman un total de 255 mil 909 víctimas, o bien, un promedio de 75 asesinatos cometidos todos los días a lo largo de la década señalada. Al respecto, es importante subrayar que en el 2018, por primera vez en la historia de la mortalidad en México, las defunciones por homicidio superaron a las defunciones por accidentes. En efecto, de acuerdo con el Inegi, en ese año hubo 36 mil 687 homicidios (esto sin considerar más de cinco mil defunciones violentas de intención no determinada), frente a 34 mil 591 defunciones por accidentes.

Estas cifras implican que en el 2008 fallecieron por homicidios al menos 100 personas al día, mientras que por accidentes lo hicieron 94.7 personas. Estos datos nos hablan de una tremenda violencia creciente en México que, además de la magnitud, debe preocupar sobremanera debido a que en la mayoría de los casos las víctimas de homicidio, pero también de los accidentes, son predominantemente personas jóvenes.

Si se considera al grupo de población de 15 a 34 años de edad, lo que se encuentra es, precisamente, que los eventos violentos constituyen la primera causa de muerte, lo cual constituye una tragedia en todos los sentidos posibles: desde la incalculable dimensión de la pérdida de vidas humanas y su inevitable impacto en la vida económica, social y hasta política del país.

Por su parte, en tercer lugar en magnitud (pero no en seriedad y gravedad), se encuentran las defunciones por suicidios, las cuales ascienden, en el periodo señalado, a 59 mil 878 casos, es decir, un promedio de 16.4 casos diarios para la década considerada, pero de 18 casos por día, si se consideran sólo los últimos tres años para los que se tiene registro.

De hecho, también es de destacarse que en el 2018 se alcanzó la cifra récord en el número anual de suicidios, con 6,808 personas que se quitaron intencionalmente la vida, cifra que es 50% superior a la registrada en el año 2000, y 24.4% superior a la registrada en el año 2010.

Es interesante observar que hay una correlación altamente significativa entre las tendencias de los homicidios y los suicidios; pues en la medida en que se incrementan los primeros, aumentan en una proporción relativamente similar los segundos; tendencia que no se verifica respecto de las defunciones por accidentes, la cual sigue un patrón distinto.

Lo que estos datos revelan es que aún sabemos muy poco en torno a cómo prevenir la violencia en México, a cómo construir una nueva política de atención de la salud mental y cómo reducir la prevalencia de prácticas violentas y destructivas de los otros, pero también de sí mismos. Porque, no debe olvidarse que, en el caso de los suicidios, se estima que por cada uno que se consuma hay al menos otros ocho intentos en los que la persona no logra quitarse la vida.

La lógica de la violencia, como lo explicaría René Girard, parece que, efectivamente, es mimética y en nuestro contexto, pareciera que estamos llegando a una crisis de una dimensión de corte sacrificial, pensando en el mismo autor. Esto es muy grave, porque de ser así, estaríamos ante la posibilidad de la construcción de víctimas propiciatorias en las cuales cifrar la lógica de la furia que se ha impuesto en todo el territorio nacional.

En esa perspectiva, la discusión pública que detonó el suicidio de una joven estudiante del ITAM debe permitir visibilizar la imperiosa necesidad de construir una nueva política pública de prevención no sólo del suicidio, sino de todas las formas de violencia y depresión que, una vez más, pueden englobarse en el marco del derecho a la salud y, específicamente, a servicios de calidad para la atención de la salud mental de toda la población.

La inacción ante este tema no es viable. Y en asumirlo con toda la seriedad y urgencia que exige el caso estaremos, o no, determinando la forma en cómo queremos vivir, pero también la forma en que vivirán las generaciones que vienen.n