La vocera de La Moneda, Paula Narváez, aseguró que para el Gobierno los antecedentes demuestran que no hay una inconstitucionalidad en el proyecto.
Intensa fue la jornada de ayer para los ministros del Tribunal Constitucional en Chile. El pasado domingo, el Gobierno ingresó el escrito de 106 páginas en que expone su punto sobre la Ley que despenaliza la interrupción del embarazo bajo tres causales.
Es así como la administración de Michelle Bachelet sale a rebatir el requerimiento presentado por senadores y diputados de Chile Vamos, el cual busca que el Tribunal Constitucional modifique la ley aprobada por el Congreso, declarándola contraria a la carta fundamental.
Sin embargo el documento del Ejecutivo expone a los ministros del pleno cifras y al menos una veintena de conclusiones, basadas en aclarar que esta ley no abre la puerta al aborto libre en Chile, pormenorizando detalles de la realidad sobre el aborto en nuestro país.
“Las cifras que se conocen sobre el aborto (…) demuestran que la prohibición absoluta no ha impedido su existencia, sino más bien ha permitido e incrementado las condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres, incluyendo aquellas que se encuentran en cualquiera de las tres causales que despenaliza el proyecto”, sentenció el texto.
Agrega también que según estadísticas sobre egresos hospitalarios con diagnóstico de embarazos terminados en aborto muestran que al 2014, la más reciente, se produjeron en ese año 30.799 egresos por interrupción del embarazo.
Pero si se suman los últimos 10 años, según los datos expuestos y que se cita como fuente el Ministerio y Superintendencia de Salud, suman 322.814.
A eso se sumó que según el Minsal, las cifras se encuentran infravaloradas puesto que al existir la prohibición absoluta para interrumpir el embarazo, las niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, no recurren a los servicios de salud como primera opción, dada la exigencia de denuncia frente al delito de aborto, se desprende del escrito.
Puntos que el abogado contratado por el gobierno, el penalista DC Alfredo Echeverry, deberá exponer en los alegatos del viernes, cuando se termine el proceso.
La vocera de La Moneda, Paula Narváez, aseguró que para el Gobierno los antecedentes demuestran que no hay una inconstitucionalidad.
Si bien los ministros tuvieron que leer 106 páginas, en la sala de partes del Tribunal Constitucional el movimiento no se detuvo. Y esto por que abogados, ciudadanos y políticos, llegaron a inscribirse para participar de las audiencias de exposición, que serán este miércoles y jueves, proceso que cerró hoy a las 14 horas.
A favor: Marcela Aranda y Henry Boys
Es así que desde la apertura más de 200 organizaciones presentaron escritos, tanto para exponer como otras en calidad de “amicus curiae”, ósea presentar documentos en la causa sin necesidad de exponer.
Dentro de las organizaciones que visitaron el Tribunal estuvo, Marcela Aranda, la vocera del polémico “Bus de la Libertad”, que expondrá en representación de la organización regional Vive la Fe.
El abogado conservador, Henry Boys, también recurrió a pedir hora para exponer junto a abogados constitucionalistas que sostuvieron que la iniciativa contraviene, en sus tres causales, los derechos establecidos en la carta fundamental del país.
Defensa del proyecto
A favor de despenalizar la interrupción del embarazo, estarán militantes de partidos de Gobierno, instancias entre las que se cuentan las juventudes de los partidos Socialista y Comunista.
Desde el PS, Karina Delfino, explicó el interés que lo importante es que el TC debe entender que este proyecto ya fue sancionado por el Congreso, por ende no hay nada más que discutir.
La ex subsecretaria general de la Presidencia, Patricia Silva, también concurrió a inscribirse. Lo hizo a nombre del Instituto Igualdad, ligado al PS.
Silva, quién hace algunos meses formaba parte del gobierno de Michelle Bachelet, reafirmó que siempre la Segpres estuvo preparada para llegar a esta instancia.
Por ahora se trabaja en la confección de las listas, dentro del TC, para determinar orden y cantidad de minutos que les corresponderá exponer a cada una de estas organizaciones, que no debiese superar los 10 minutos.
