El pasado 1 de abril entró en vigencia la nueva normativa que contempla una cuota de al menos 1% de empleados con discapacidad en las empresas. Expertos y autoridades opinan respecto a sus beneficios y los detalles que aún deben ser pulidos.

Al consultarle si considera que será un aporte para el país, Natalia Donoso es enfática en señalar: “Creo que si se implementa en función desde la perspectiva de los derechos, sí. Pero si es sólo para cumplir con metas para dar cumplimiento, no”.

Su respuesta se vincula directamente a la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Laboral en Chile el pasado 1 de abril, y es que esta asistente social puede opinar con propiedad respecto a esta esperada normativa. En 2007 sufrió una lesión medular tras un accidente automovilístico. Luego de dos años de rehabilitación, logró reinsertarse en su antiguo empleo.

Pero esta no es la realidad de la mayoría. Según el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, un 20% de las personas mayores de 18 años padece una discapacidad, más de 2.700.000. De ellas el 39,3% trabaja, generando una importante brecha considerando el número de personas que tiene un empleo sin padecer discapacidad, que alcanza el 69%.

Natalia tiene claro que la ley es una oportunidad al permitir ejercer uno de los derechos fundamentales, sin embargo le preocupa que “la implementación establezca plazos que al final lleven a los empleadores sólo a cumplir con el número de personas a contratar y se deje de lado lo que inspira la ley”.

Y es que la normativa contempla que las empresas privadas y organismos públicos con más de 100 trabajadores tengan una cuota de al menos 1% de personas con discapacidad. Pero, en una primera etapa, las entidades que superen los 200 empleados deberán acatarla hasta abril de 2019 para así, iniciar su implementación de forma progresiva.

¿Cumple con las actuales necesidades?

Daniel Concha, director nacional de Senadis, afirma que sí. “Esto se refleja en que hay un grupo de personas con discapacidad que está capacitado y que quiere oportunidades de igualdad para mostrar que cuando se hacen adecuaciones en los procesos de selección y se presta apoyo en los lugares de trabajo, se pueden desempeñar como cualquier profesional”.

Y este es el punto donde se deben derribar mitos. Un estudio realizado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde se encuestaron a 100 empresas, llegó a la conclusión que la inclusión de personas discapacitadas mejoraron los sistemas de producción, las cadenas de servicios según los rubros y por sobre todo, el ausentismo laboral.

“Creo que a medida que avancemos, vamos a ir derribando mitos y vamos a tener más personas con discapacidad en puestos de trabajo y en empresas más preparadas para acogerlas”, agrega Concha.

Una tardía respuesta a la problemática

La realidad es que Chile es el penúltimo país en América Latina en tener una Ley de Inclusión Laboral. Brasil por ejemplo, lleva más de 20 años rigiéndose por esta normativa, y Perú y Ecuador a pesar de que la implementaron en 2017, llevan una clara delantera en la materia.

Mirla Arcos, académica del Departamento de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), asegura que si bien la ley es un avance importante para el país, aún deben eliminarse determinadas barreras.

“En materia de inclusión se requiere voluntad para visualizar a las personas en situación de discapacidad como un sujeto de derechos y deberes en una mirada de igualdad, que permita a quien toma la decisión final de una contratación, decidir por este postulante no porque presenta discapacidad, sino porque tanto la empresa como la persona se benefician de dicha contratación”.

Con esto dice, la institución gana un buen postulante que reúne los requisitos para dicho empleo y la persona con discapacidad logra desplegar las habilidades adquiridas a través de los años.

Detalles que deben profundizarse

La implementación de la normativa es un paso definitivo en la materia pero Arcos insiste en que los esfuerzos deben enfocarse ahora en fortalecer las distintas áreas que intervienen en su puesta en marcha. En primera instancia se refiere a orientar políticas enfocadas en la entrega de soportes apropiados para promover la formación profesional y acceder a empleos competitivos.

“No basta que un joven hoy día esté cursando una carrera universitaria pues si presenta discapacidad física, se debe garantizar y a lo menos facilitar el transporte hacia su casa de estudio, puesto que esta acción que puede ser tan cotidiana, podría llevar a la deserción de este estudiante. Así mismo, una persona en situación de discapacidad puede obtener un empleo, sin embargo para el empleador significa realizar una serie de ajustes para brindar las condiciones que permitan a la persona desempeñarse, por lo que resulta vital recibir aportes del Estado”, asevera.

Una sociedad más inclusiva

Esta nueva ley busca que Chile se transforme en un país más inclusivo, “es una apuesta importante para todas aquellas empresas que quieran abrir sus puertas a las personas en situación de discapacidad y un cambio de paradigma importante” agrega la académica de la UMCE.

El llamado que realiza es a asesorarse por personas idóneas, a enriquecer los ambientes laborales, a respetar toda forma de participación activa de los miembros de la sociedad.

A esto, el director nacional de Senadis agrega que “es un proceso de aprendizaje de algo que es totalmente nuevo, por lo que modificar el reglamento es algo de sentido común que debemos hacerlo en diálogo con la sociedad civil y con las asociaciones de personas con discapacidad”. En definitiva, potenciar la cooperación público y privada.

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