El proyecto que debe ser discutido en la Cámara de Diputados, obligaría a las instituciones privadas a recibir niños de los deciles más bajos sin costo alguno. ¿Es una medida sostenible en el tiempo?¿Qué errores contempla? Expertos nacionales e internacionales opinan al respecto.
La propuesta ingresó en el mes de enero, y desde entonces ha generado un fuerte debate entre parlamentarios de oposición y oficialistas. Los primeros, quienes presentaron el proyecto, insisten en que el objetivo es promover la integración social, mientras los segundos aseguran que es inconstitucional.
Hablamos del proyecto “Ley Machuca”, aprobado recientemente por la Comisión de Educación de la Cámara, que establece que todos los colegios particulares deben disponer de una cuota de 30% de su matrícula para admitir a escolares pertenecientes a los cuatro deciles más bajos, hasta los $125.558 per cápita en un grupo familiar (US$174). La propuesta apunta a que dichos alumnos se eximirán del pago mensual y de incorporación, por lo que el costo total correría por cuenta del propio establecimiento.
¿Calidad o caridad?
Ahora, el documento será revisado por la sala de la Cámara. ¿Es viable una propuesta así? Liliana Morawietz, antropóloga e investigadora asistente del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, asegura que “es una iniciativa que se basa en premisas erradas”.
“En primer lugar, asume que los colegios particulares pagados son de mejor calidad cuando no existe evidencia para el caso chileno que sostenga esta idea. Por otro lado, no existen estudios cualitativos que permitan concluir que las estrategias didácticas y pedagógicas que implementan este tipo de establecimientos es deseable para estudiantes que no provienen de sectores socioeconómicos altos. La educación que ofrecen los colegios de élite es efectiva para estudiantes de élite. No sabemos nada sobre su impacto o efecto entre estudiantes de escasos recursos”, afirma.
Eso en términos individuales, pero observado a nivel del sistema educativo el impacto de la propuesta sería mínimo, según Morawietz. Y es que menos del 9% de los estudiantes chilenos estudia en colegios particulares. “¿Cuál es la capacidad de estos establecimientos de acoger a estudiantes de bajos recursos? ¿Un estudiante por aula? Así, el aporte de esta medida a mejorar la calidad de la educación en Chile sería prácticamente nulo”.
Rafael Rosell, rector de la Universidad Pedro de Valdivia, apunta a que “más allá que el proyecto trate de ser parte de una solución, está lejos de serlo, porque no se hacen cargo del fondo del problema: la mala calidad de la educación pública, aquella que se imparte en establecimientos cuyos estudiantes están insertos en contextos de alta vunerabilidad social, económica y cultural, justamente los que están en esos cuatro primeros deciles”.
Agrega: “¿Por qué gravamos a privados con una carga que le corresponde al Estado? ¿Tendrán estos establecimientos la sostenibilidad económica para financiar, en mediano y largo plazo, esta iniciativa? Si lo que queremos es resolver el problema de inequidad en la educación, esta iniciativa es reconocerla y afirmarla. Por ello, la solución es de fondo y no es adecuado seguir generando paliativas que den una ilusión de justicia social y que terminen siendo inviables”.
Efectos secundarios
Para el profesor de la Universidad ESAN de Perú, Francisco Ochoa, la “Ley Machuca” no incorpora un análisis sobre los costos de la medida o los efectos negativos de la misma. La iniciativa tampoco contiene un análisis de otras alternativas y las razones por las que habrían sido descartadas. “Por ejemplo, un sistema de incentivos tributarios para aquellos centros educativos que incorporen la mayor cantidad de alumnos de bajos recursos económicos; o, también el uso redireccionado de los subsidios en colegios privados para ampliar la oferta educativa pública”.
Le pregunto respecto al impacto que podría tener esta iniciativa. Me dice que cuando uno realiza un análisis previo de los impactos de la legislación, es posible advertir algunos posibles efectos no deseados de la misma.
“Esta ley podría tener una buena intención en disminuir brechas de desigualdad económica, pero podría generar discrimación social (y hasta casos de bullying) hacia los alumnos con beneficios especiales dentro del propio colegio, ya que en la práctica los ‘alumnos pagantes’ podrían considerar que existe un subsidio cruzado que consideran injusto”, apunta el especialista en Mejora Regulatoria.
En Perú, no existe un régimen de financiamiento estatal a la educación privada, como el regulado en el sistema chileno, por lo que no se ve una iniciativa parecida. En México tampoco, pero sí existe una medida que establece la obligación que todas las instituciones de preescolar a universidades privadas deben dar el 5% de sus lugares para becas, pero no hay criterios hasta ahora de objetivos para su distribuición.
“Ahora, en medio de la Reforma Educativa, la autoridad federal quiere arrogarse la facultad de la distribución de ese 5% diciendo que ella establecerá alineamientos para su distribución sin que diga cuáles son, solamente prometiendo que va a buscar fomentar la equidad educativa. Lo que me preocupa es que realmente fomente la equidad y no derive en un sistema de clientelismo al ser un instrumento en control del estado”, cuenta Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.
Respecto al proyecto de ley chileno, dice que observa muchos retos para su posible aplicación. “Me parece que de no acompañarse de medidas de tutorías a los alumnos beneficiados del programa junto con políticas para mejorar sustantivamente la educación pública a la que acceden la mayor parte de los alumnos de los sectores menores favorecidos de la sociedad, los efectos para disminuir la desigualdad serán muy marginales”, subraya.
Aporte al sistema educativo
El rector de la Universidad Pedro de Valdivia apunta a que necesariamente se debe avanzar hacia un sistema de protección educacional. “Una verdadera educación pública, en el cual los niños, niñas y jóvenes, desde sus primeros años de estudio, cuenten con las mismas herramientas y contenidos de enseñanza que los sectores más favorecidos de nuestra sociedad. Estas acciones, van de la mano no sólo con la mejora del proceso de enseñanza - aprendizaje, sino también con mejoras en las condiciones de los docentes, mejoras en la calidad de la infraestructura de los establecimientos, actividades extracurriculares que enriquezcan la formación”, menciona.
Por su parte, Liliana Morawietz analiza el rol de los colegios particulares pagados en un sistema educativo compuesto, en su gran mayoría, por establecimientos que funcionan con fondos estatales.
La antropóloga de la Universidad de Chile apunta que “para lograr que estos establecimientos hagan un aporte al sistema educativo, debemos pensar en mecanismos que tengan un impacto potencial estudiando y de mayor alcance. En este sentido, me parece que se puede pensar que este tipo de colegios, que pueden resistir mejor la presión por mostrar resultados en evaluaciones estandarizadas en el corto plazo, y menos sujetos a la presión por la ‘mejora’, han sido históricamente espacios que se han permitido experimentar e innovar en cuanto a estrategias didácticas y pedagógicas, e incluso en contenidos”.
Agrega: “Si estos colegios fueran capaces de sistematizar estas experiencias, identificando procesos y aspectos relevantes, aprendizajes, desafíos, etc., y de poner estos aprendizajes al servicio del conjunto del sistema educativo, podrán hacer un aporte al sistema de educación chileno mucho más sustantivo que el de haber escogido a un puñado de chicos apartados de su cotidianeidad y adoptados para efectos caritativos”.
Ahora, ¿qué cambios se le podría hacer a la iniciativa para que sea más sostenible? Francisco Ochoa apunta a que se realice un mejor análisis de impactos negativos de la legislación, identificando bien los ganadores y perdedores que involucra la implementación de la norma, así como tratar de contrastar la ley con otras posibles alternativas distintas a la imposición de un cupo gratuito en la prestación del servicio.
“Asimismo, de la revisión del proyecto de ley no se verifica que el legislador haya realizado alguna “socialización” de la propuesta entre los afectados por la misma (centros educativos, por ejemplo). Una consulta pública con los afectados permite identificar mejor los costos ocultos de la regulación, con lo cual la propuesta puede incluso encontrar mejoras a la idea original”, concluye.
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