Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.

El tan bajo desempeño de los 7 hospitales construidos y ya en funcionamiento bajo Asociación Público Privada (APP) en México, debe prender fuertes alarmas sobretodo para evitar que las autoridades salientes sigan firmando nuevos contratos de proyectos hacia a futuro. Por lo menos no antes de agarrar bien las riendas y asegurar una óptima gestión de los APPs existentes. Sencillamente, garantizar que sí rindan conforme lo previsto y den resultados en favor del paciente.

El equipo del gobierno entrante tendría que indagar muy bien cómo están los últimos 4 contratos firmados y aún no empezados, y pedir que se detengan otros 4 nuevos previstos por firmar, porque dejan amarrado al Erario con compromisos de desembolsos a plazos no menores de 25 años.

No habría problema si los hospitales concretados y ya operando bajo dicho esquema de financiamiento mixto estuvieran dando resultados eficientes y demostraran ser una herramienta, como sí sucede en otros países, para ofrecer mejores servicios médicos a menor costo en donde se han construido: Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México, Sinaloa, Yucatán, Nayarit, Chiapas, Tabasco y Nuevo León. Pero la realidad es que dichos APPS están dejando qué desear.

Esto es muy delicado máxime que, como reporta el informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que hoy El Economista publica por adelantado, no están siendo gestionados en forma adecuada de parte del Estado, y ello conlleva que como país estemos gastando cientos de millones de pesos en servicios de salud que simplemente los pacientes no están recibiendo. Lo más trágico es que va contra población de enfermos de los segmentos más necesitados.

De por sí la inversión pública en salud es insuficiente -de las más bajas de la OCDE-, y ahora resulta que nos damos el lujo de pagar por servicios hospitalarios no recibidos. Sólo están en el papel, convenidos en contratos firmados hace años pero que no se concretan por una mala gestión y una inexistente planeación estratégica.

Lo que está sucediendo, conforme explica el reporte de MCCI, es que los servicios médicos que los nuevos hospitales APPs -en particular 6 que ya están en operación- deberían dar en un año están tardando en darlos 4 o hasta 6 años. Pero los pagos que reciben las empresas sí están al día; eso si está bien amarrado en los contratos.

Las empresas beneficiadas, conforme el reporte MCCI son: Acciona, Marhnos IGSA Consorcio y Marhnos Ingeniería & Construcción (de los hermanos Mariscal Servitje), Consorcio Teya-IGSA (del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, mismo dueño del Grupo Higa señalado en el caso “Casa Blanca”), el grupo GIA+A-ASSIGNIA-EDUCTRADE, Constructora y Edificadora GIA+A y Prodemex Consorcio, éste último el brazo constructor de Grupo Ángeles, de la familia Vázquez Raña propietarios de la más grande cadena de hospitales privados en México.

Aparte hay otros 4 hospitales que no han podido siquiera ser inaugurados por múltiples problemas en los procesos administrativos y ahí se acumulan más pérdidas.

Pero lo más inconcebible, es que a pesar de que en la operación está habiendo un claro perjuicio contra el Erario, nuestras autoridades estén engolosinadas y sigan proyectando más firmas de nuevos contratos de APPs hospitalarios.

El IMSS e ISSSTE firmaron hace poco 7 nuevos de estos contratos y ahora con mayor alcance y mayor costo que, conforme ya se vio, realmente benefician más a las empresas privadas que a los pacientes.

Es obligado de leer el reporte “La Deficiente Gestión de Riesgos en los Hospitales APP” del equipo de profesionales de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Primera vez que se hace una investigación con tal detalle y profundidad sobre la operación de un sector tan vital como el hospitalario, segmento complejo y poco entendido pero en parte por ser cero transparente.