La ONU y los obispos encabezan una "mesa técnica" confirmaron un acuerdo para dar marcha atrás al conocido como 'paquetazo', que contemplaba la controvertida eliminación de los subsidios al combustible y ha derivado en once días de protestas.

Madrid.- Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que ejercen de mediadores en la crisis política de Ecuador, han confirmado que el acuerdo negociado por el Gobierno de Lenín Moreno y los movimientos indígenas "deja sin efecto el decreto 883" y da pie a otro nuevo que mantendrá una "política de subsidios".

La ONU y los obispos encabezan una "mesa técnica" a la que han acudido nueve representantes por parte de los indígenas y seis por parte del Gobierno y del que ha salido un acuerdo para dar marcha atrás al conocido como 'paquetazo', que contemplaba la controvertida eliminación de los subsidios al combustible y ha derivado en once días de protestas.

En virtud de dicho pacto, "se deja sin efecto el decreto 883, para lo cual, se procederá de manera inmediata y según los procedimientos legales correspondientes para su emisión", ha explicado la oficina de la ONU en un comunicado difundido este lunes de madrugada.

Además, ha añadido, "se procederá de manera inmediata a trabajar en la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios, con un enfoque integral". Dicho programa deberá tener en cuenta que las ayudas "no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos y a los contrabandistas", lo que implica introducir "criterios de racionalización, focalización y sectoralización".

"¡Se recobra la paz!". El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha celebrado la "solución para la paz" alcanzada en las últimas reuniones, en virtud de la cual "el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan". "¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!", ha destacado en Twitter, aludiendo a su predecesor, Rafael Correa.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, que ha insistido en todo momento en la necesidad de derogar --que no modificar-- el decreto, ha dado por terminadas las movilizaciones pero ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra del Interior, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Las protestas se han saldado con al menos siete muertos, 1.340 heridos y más de 1.100 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo. La Justicia ha presentado cargos de terrorismo contra 33 personas, de las cuales 27 estarían vinculadas con el asalto a la sede central de la Contraloría, que sufrió graves daños tras un incendio.