¿Una práctica en ascenso? ¿Beneficiosa para las empresas? ¿Semillero de discriminación laboral? El debate ya se ha fijado en torno al tema.

Se imagina que al momento de postular a un trabajo el entrevistador le dijera, luego de unas cuantas pruebas, que usted no puede acceder a ese cargo, porque según indica su examen genético tiene 95% de posibilidades de padecer artritis. ¿Increíble? La verdad, una realidad técnicamente posible.

Hace bastantes años que la medicina viene avanzando en el aspecto genético de tal manera que en la actualidad es posible conocer las enfermedades genéticas que se pueden desarrollar con el tiempo en una persona. Se trata de exámenes que hoy se usan en el área forense y médica, pero que aún no saltan al mundo de la empresa.

Y si bien con estas pruebas genética los individuos pueden ser conscientes de las probabilidades de padecer una dolencia a corto y largo plazo, y así  intentar evitarla o actuar por sobre éstas tempranamente, también pueden ser una herramienta en su contra.

“Si buscas, existen test para múltiples enfermedades y que pueden comprarse on line. Hay tres o cuatro compañías en internet que por este medio predicen cáncer y diabetes, por ejemplo, que están fuera del sistema médico y son muy caras”, explica el doctor Muin Khoury, director de la oficina de genoma de Salud Pública en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Estados Unidos.

De esta forma, tan pronto como se fueron masificando esta clase de exámenes, sucedió lo mismo con los temores por la discriminación que pueden generar. ¿Hasta dónde es posible y legítimo decidir sobre esa información médica? ¿Es posible que las organizaciones se tienten de utilizarlos en sus procesos de selección de personal? Los cuestionamientos se hicieron más habituales y con estos las acciones para frenar cualquier intento de empleo de las pruebas por parte de las compañías.

Instituciones, sindicatos y otras organizaciones se han manifestado en contra de la utilización de resultados biológicos para reclutar gente. Australia, Inglaterra y Estados Unidos, son algunos de los países donde se ha instalado el debate. Por ejemplo, en 2008 se fijó en tierras estadounidenses la ley GINA con el objetivo de no discriminar mediante información genética y donde se estipuló que ni organizaciones ni aseguradoras de salud podían excluir a individuos en base a datos genéticos de éstos.

Años atrás la Unesco hizo lo suyo a través de la “Declaración Internacional sobre Datos Genéticos”, estableciendo principios que se espera los países cumplan mediante sus propias legislaciones.

El método Mendel

Si bien no se conoce de empresas que se hayan arrimado a esta práctica, sí algunas están curiosas al respecto y piden más información.

“Algunas empresas consultan sobre la posibilidad de realizar el test a los altos ejecutivos como parte del bienestar y pruebas preventivas, parte de los chequeos de salud. Si bien a estos altos ejecutivos se les realizan estrictos exámenes de salud que muchas veces delatan condiciones psicológicas escondidas o latentes, las pruebas genéticas no están normadas”, dice Sebastián Salinas, fundador de ADNPrevent.

Sin duda el mayor conflicto que conlleva este asunto tiene relación con manejar información procedente de los test sin el consentimiento de las personas. De esta forma se originan dilemas legales, sociales y éticos en torno al tema.

“Hay entre 100 y 200 test que llegan al mercado, incluso, se puede comprar toda la secuencia genética de una persona, lo que es posible ahora, aunque pueda ser muy costoso, lo que es amenazante, pues creo que ninguno de estos exámenes debe ser ocupado para recursos humanos”, dice Khoury.

Teodora Zamudio, jurista argentina especialista en cuestiones relacionadas con la bioética y académica de la Universidad de Buenos Aires, explica que como las compañías plantean la necesidad de aprovechar al máximo la fuerza de trabajo, con el fin de tener una mayor rentabilidad, la tentación de usar estos exámenes es grande, pues como se requiere de empleados que gocen de buena salud, “es altamente deseable tener información, aunque sea sólo un índice de probabilidad, sobre un empleado actual y más aún sobre uno futuro”, dice Zamudio.

Situaciones como el ausentismo prolongado y las enfermedades obligan a las empresas a cancelar el salario por un empleado que no produce. Estas características pueden ser determinadas, de cierta forma, por la genética del trabajador y no exclusivamente por la actividad profesional.

“Aún en individuos que tienen la enfermedad, el diagnóstico puede hacerse antes de que se presenten las manifestaciones clínicas. De hecho, la pregunta diagnóstica en la práctica actual de la medicina ¿qué enfermedad tiene esta persona? será reemplazada por ¿cuál persona puede llegar a tener esta enfermedad?”, dice Zamudio.

Frente a la interrogante de si las organizaciones debieran o no estar al tanto de las enfermedades que padecen sus empleados, Zamudio recomienda lo primero. Para la académica las empresas tienen que conocer las características de los trabajadores, porque así puede tomar medidas que favorezcan a los empleados e identificar qué ambientes pueden perjudicarlos.

Según Zamudio, en caso de aprobarse la utilización de las pruebas genéticas para fines laborales, la normativa siempre debe ir en  favor de los empleados, pues la jurista cree que es necesario desarrollar políticas de investigación adecuadas para atender las necesidades médicas probables. Así  las empresas deberían someterse a dictámenes de salubridad "orientados a proteger a las personas con predisposiciones a ciertas enfermedades y permitiría a las personas a adquirir hábitos saludables para su condición y hacer elecciones de vida, como por ejemplo en el ámbito reproductivos".

“Entiendo que la cuestión debe plantearse a la inversa, no son las empresas las que tienen el derecho a saber, sino los empleados a conocer donde trabajaran y sus riesgos, dice Zamudio.

“El dilema que tenemos en genética, es que hay muchos avances sucediendo y la gente se siente tentada al mal uso de esos avances. La compañías de empleo quieren seleccionar o eliminar gente sin considerar su cualificación. No me puedo imaginar lo que pasaría en la sociedad. Se trata de un daño potencial", advierte Khoury.