Políticos de distintos sectores acusaron a la Corte Suprema de haberse extralimitado en sus funciones, tras restituir a dos magistrados que habían sido removidos por el Congreso en 2003.

Asunción. El gobierno de Paraguay dijo que accionará judicialmente contra un polémico fallo que restituyó a dos ex ministros de la Corte Suprema, removidos por el Congreso en 2003, y que desató un conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial.

Parlamentarios de todos los partidos acusaron al Poder Judicial de extralimitarse en sus funciones y romper el equilibrio de poderes al dictaminar contra una decisión que consideran exclusiva y excluyente del Congreso.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia -en receso hasta febrero- realizará este martes una reunión extraordinaria para tratar la controversia.

Se trata del primer enfrentamiento entre poderes desde que Fernando Lugo, un ex obispo católico que lidera una coalición de centroizquierda, asumió el gobierno en agosto de 2008.

El asesor jurídico de la presidencia, Emilio Camacho, dijo que el Ejecutivo actuará en defensa de su competencia ante una sentencia que incluye una orden de abstenerse a continuar con el proceso de elección de dos nuevos jueces para completar la Corte Suprema, integrada actualmente por siete ministros.

"Estamos inclinados por plantear un incidente de nulidad atendiendo a que la resolución judicial contiene una orden de abstención del Presidente de la República", dijo Camacho.

La crisis se desató la semana pasada, luego de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema -integrada por camaristas tras una serie de inhibiciones- favoreció a los ex ministros Bonifacio Ríos y Carlos Fernández, destituidos por el Congreso mediante un juicio político por mal desempeño.

El Congreso repudió el fallo por amplia mayoría y lo consideró nulo por "no ajustarse a la Constitución", durante una sesión bicameral extraordinaria celebrada el sábado, y advirtió a autoridades de los demás poderes del Estado que admitir la validez del mismo sería causal de juicio político.

Además, resolvió no iniciar acciones judiciales contra el fallo por considerar que implicarían un reconocimiento tácito. Sin embargo, esa decisión fue cuestionada por representantes del Ejecutivo.

"En el estado de derecho, la manera de atacar los fallos judiciales es recurriendo a las acciones judiciales. Eso no implica que reconozcamos la validez, al contrario, porque desconocemos la validez estamos analizando el mejor camino para obtener la nulidad de esta resolución", dijo Camacho.

En tanto, el oficialista Partido Democrático Progresista presentó el lunes un incidente de nulidad contra la resolución, la primera acción judicial en contra de la medida.

Por su parte, el Juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió suspender temporalmente a los jueces responsables del fallo -Florencio Almada, Meneleo Insfrán y Juan Recalde- y abrir una investigación sobre su actuación, según medio locales.

El sábado, Lugo hizo un llamado al diálogo para superar la crisis y descartó una injerencia del Gobierno, como denunciaron opositores, quienes lo señalaron como artífice del fallo con el fin de frenar un posible juicio político en su contra.

En tanto, parlamentarios oficialistas acusaron a sectores de la oposición de promover la crisis para obligar al gobierno a debatir una renovación judicial en base a cupos partidarios.