Solo en 2016, murieron 105.574 personas por complicaciones derivadas de la diabetes.

Uno de los principales problemas de salud pública en México es la diabetes, cuyos padecimientos relacionados constituyen la segunda causa de muerte, sólo por debajo de las enfermedades cardiacas.

De acuerdo con las cifras de mortalidad del Inegi, sólo en el 2016 se produjeron 105.574 fallecimientos derivados de complicaciones relacionadas con este padecimiento.

De acuerdo con el estudio realizado por la doctora Rosalba Rojas-Martínez, publicado en Salud Pública de México, 52% de estas muertes se atribuyen a un alto índice de masa corporal, es decir, sobrepeso y obesidad. Este problema también tiene una dimensión económica, pues el Estado destina grandes cantidades de dinero a tratar de revertir esta situación.

Los problemas asociados a la diabetes derivan, en gran medida, de los malos hábitos de consumo —tanto alimentarios como de actividad física—, principalmente, por el descontrol sobre la ingesta calórica. Parte del problema se genera por no tener una cultura alimenticia saludable, producida muchas veces de manera inconsciente, por la falta de información adecuada sobre el contenido nutricional de los alimentos que consumimos.

La Segunda Sala de la Corte rechazó la propuesta del ministro Franco González Salas, del amparo en revisión 240/2018, relacionado con este tema. El problema de fondo era determinar si el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas envasados, debía expresar el número de azúcares totales sobre una base de 360 calorías, sin distinguir entre aquellos azúcares naturales del propio producto de los añadidos por el fabricante. La diferencia no es menor ni trivial, pues está demostrado que el alto consumo de azúcares añadidos es uno de los principales factores de aumento de peso.

La propuesta del ministro Franco proponía confirmar la resolución de un juez de Distrito que amparó a El Poder del Consumidor, quien alegó que las condiciones de etiquetado —regulada por la Cofepris— no satisfacen los criterios que, sobre la materia, ha emitido la Organización Mundial de la Salud, básicamente en relación con la distinción entre azúcares añadidos y naturales, y tomar como base, para presentar esta información, la recomendación de ingesta diaria de 200 calorías derivadas de azúcares agregados.

En un país con altos índices de obesidad como los de México, resulta necesario contribuir a un mejor diseño de políticas públicas y a una eficaz implementación de éstas. Obligar a las empresas productoras de alimentos y bebidas a reportar una mejor información nutrimental, podría reforzar el conocimiento y concientización de la sociedad en general por atender de manera prioritaria este tema y podría significar un avance en términos de salud pública.

Por lo pronto, se desechó la propuesta y se returnó a otro ministro de la Segunda Sala el expediente para que realice una propuesta diversa. Es importante señalar que esta decisión podría contribuir a aminorar el impacto nocivo que el consumo en exceso de este tipo de productos ocasiona sobre la salud de las personas, lo que a su vez podría generar un impacto económico positivo para el Estado, al reducir las cargas presupuestales que destina para el tratamiento de este padecimiento y sus derivaciones. Si bien la sentencia que eventualmente tome la Corte no soluciona este grave problema de salud pública, si podría coadyuvar a encontrar una solución a largo plazo.