La Cofece emprendió una investigación sobre todos los eslabones de la cadena farmacéutica: producción, venta al mayoreo (distribución) y venta al detalle.

El Economista. En un hecho inédito, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emprendió una investigación sobre todos los eslabones de la cadena farmacéutica: producción, venta al mayoreo (distribución) y venta al detalle (comercialización), al haber hallado indicios de colusión en dichos mercados.

Se trata, además, de la primera vez que la instancia antimonopolios del país indaga las operaciones entre privados en este sector, pues antes ha investigado o sancionado la colusión de farmacéuticas y proveedores de insumos médicos, pero sólo en lo que concierne a sus ventas al sector público.

“Como resultado de una actividad de monitoreo realizada desde el 2015 se obtuvieron indicios que apuntan a la posible existencia de acuerdos ilegales entre agentes económicos competidores entre sí, esto en distintos eslabones de la cadena productiva”, dijo en conferencia de prensa Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora (AI) de la comisión, órgano a cuyo cargo corre el proceso indagatorio.

El fiscal antimonopolios puntualizó que con este procedimiento la AI busca identificar acuerdos entre competidores que tengan por objeto o efecto manipular los precios, manipular la oferta o la demanda, dividir el mercado, coordinar posturas en licitaciones públicas o privadas, o bien intercambiar información con alguno de los objetos o efectos anteriormente mencionados.

En compañía de Alejandra Palacios, titular de la Cofece, el funcionario informó que la investigación se inició de oficio el pasado 19 de mayo y se emprendió al ser el sector salud uno de los prioritarios en la agenda de trabajo de la AI, “debido al impacto que tiene en el bienestar de los mexicanos y, marcadamente, en el bolsillo de los hogares más desfavorecidos”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2014, los hogares del decil que recibe menos ingresos destinaron a la compra de medicinas 42% de su gasto total en cuidados de la salud.

Ello sin contar que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es un país donde los privados asumen una gran proporción del gasto en salud, con 49%, cifra superior a 39% del promedio de América Latina (sin México) y muy por arriba de 28% del promedio de países de la OCDE (también excluyendo a México).

“La OCDE ha calculado que el sobreprecio de los productos en los que hay colusión de las empresas que los producen para no competir, puede llegar a 30%”, detalló Mena Labarthe, aunque aclaró que, en el caso de las medicinas en México, en la investigación que realiza la Cofece aún debe acreditarse si ha habido prácticas anticompetitivas, daños a los compradores y de qué tamaño. No obstante, Alejandra Palacios dijo que un dato revelador de la dinámica económica de este sector es el comportamiento de los precios de los medicamentos, “que del 2010 a la fecha han crecido 10% más que el promedio de precios de la economía”.

Invitan a denunciar

La zar antimonopolios del país invitó a los agentes económicos de este sector que pudieran estar involucrados en prácticas indebidas a denunciarlas o, en su defecto, a acogerse al programa de inmunidad de la Cofece, el cual libera de responsabilidades penales y suaviza las sanciones económicas a quienes confiesen su participación en los ilícitos y cooperen en todo momento con las investigaciones de la autoridad.

La Autoridad Investigadora cuenta con un periodo inicial de 120 días para efectuar su indagatoria, prorrogable por un término idéntico hasta por cuatro ocasiones más. En caso de que ésta arroje suficiente evidencia de la comisión de prácticas monopólicas, la instancia emitirá un oficio de probable responsabilidad y emplazará a los presuntos implicados a un procedimiento seguido en forma de juicio en el que podrán formular su defensa y alegatos.

Quienes se hallasen culpables de cometer prácticas monopólicas absolutas pueden enfrentar multas de hasta por 10% de sus ingresos (en el caso de las personas morales). Para los coadyuvantes, multas de 180.000 unidades de medida y actualización, equivalentes a 13 millones de pesos, mientras que las personas pueden sufrir multas e inhabilitación para ejercer cargos de dirección hasta por cinco años y hasta 10 años de prisión, de acuerdo con el código penal federal.