Ante los recortes presupuestales en el gobierno, organizaciones civiles han asumido tareas que se han pospuesto, como exámenes toxicológicos, asesoría legal y acompañamiento a víctimas.

l recorte de personal en diferentes dependencias, como parte de la política de austeridad del gobierno federal, le representa una carga de trabajo a los empleados de organizaciones de la sociedad civil, señalan activistas.

La plantilla laboral de esas agrupaciones no es extensa y a ello se suma la dificultad para contratar a más colaboradores, pues esa misma estrategia de ahorro les disminuyó a ellas los recursos públicos que antes obtenían.

Algunas de las actividades que han absorbido son: consultas psicológicas, exámenes toxicológicos, asesoría legal o acompañamiento de víctimas de diferentes delitos. “Nuestros colaboradores tienen que hacer lo que gobierno ya no realiza”, afirma en entrevista Jimena Candano, directora general de la fundación Reintegra, dedicada a reincorporar a jóvenes acusados de cometer algún delito o una falta.

El gobierno despidió a gran parte de los trabajadores por honorarios, dice la especialista en política pública. Por ejemplo, “se quedaron sin los psicólogos que atendían a los adolescentes en comunidades o que se encargaban de hacer los diagnósticos”.

Contratos mensuales y luego, el despido

El pasado 27 de mayo fueron despedidos cinco trabajadores de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En marzo pasado a otros tres les ocurrió lo mismo.

De acuerdo con una carta dirigida al Comité de Evaluación y Seguimiento del programa, estos ochos empleadosrepresentan una tercera parte del personal con el que contaba dicha dependencia.

Luego de retrasar el pago en los primeros tres meses de este 2019, “ya no nos renovaron el contrato”, indicó una de las afectadas, quien prefiere mantener la confidencialidad de su nombre por temor a no ser contratada en otra dependencia.

Desde diciembre pasado, cuando inició la nueva administración, los contratos para el personal tenía vigencia de un mes, cada 30 días iniciaban uno nuevo, hasta que, en los últimos días de mayo les indicaron que ya no lo renovarían.

El argumento que a ella le dieron es que no había entregado una serie de documentos. “Les pude comprobar que sí lo hice vía correo electrónico”. De cualquier forma, le dijeron: “ya no trabajas aquí”.

En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, más de 5,000 empleados dejaron de prestar servicio al gobierno federal en los cuatro primeros meses del año. Algunos fueron despedidos y otros presentaron su renuncia.

Menos dinero, más trabajo

Además, el presidente ha anunciado que en este sexenio no se destinará el mismo dinero que antes se enviaba a diferentes organizaciones civiles. Ha señalado que su administración se hará cargo de proveer la atención y cuidado a las víctimas de diversos delitos.

No obstante, hasta ahora las ONG siguen haciendo el trabajo “que el gobierno debiera hacer, pero no puede”, apunta Jimena Candado, quien fue directora de Vinculación y Estrategia en la administración del expresidente Felipe Calderón.

Las organizaciones “cumplen una función central al llegar a núcleos de población y lugares a los que el Estado, por su propia naturaleza, es incapaz de atender”, apuntan varias organizaciones en una misiva dirigía a López Obrador el pasado 14 de mayo.

En el documento, con más de 1.000 firmas de apoyo, lamentan la desaparición de Proequidad. Se trata de un fondo de 86 millones de pesos que, “en términos reales, representa el 0.002% de los 3.8 billones de pesos del Presupuesto de Egresos”.

Este programa era uno de los “insuficientes recursos con que contamos las mujeres ante la falta de cumplimiento del Estado de sus responsabilidades plenas”, denuncian.

El viernes 7 de junio el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) lanzó la convocatoria para concursar por los recursos de Proequidad, pero sólo pueden participar los institutos estatales de las mujeres.

Jimena Candano explica que en la organización que dirige ayuda a los adolescentes a cumplir las medidas de libertad condicionada que les otorga el sistema de justicia en la Ciudad de México, “lo cual es la obligación del gobierno local”.

Otra tarea de la que se están ocupando son los diagnósticos toxicológicos. “Eso es chamba del gobierno, y lo estamos haciendo nosotros”. Encima, reprocha la especialista, “nadie nos está dando un peso por hacerlo, no tenemos dinero para contratar a más gente y no nos estamos dando abasto”.

Jimena Candano considera correcta la estrategia del gobierno federal de poner “múltiples candados” para evitar el desvío de recursos o la mal utilización del dinero público. Sin embargo, subraya, debe entender “que no puede cumplir con todo lo que se necesita y para eso estamos nosotras”.

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