La Secretaría de Salud señaló que a partir del 1 de enero del 2020 entra en marcha el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituye a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

La Secretaría de Salud federal informó que las acciones del Gobierno de México se han orientado en establecer un sistema de salud bajo los principios de universalidad, reducción de la desigualdad, combate a la corrupción, mejora de la gestión pública y austeridad.

Al presentar un recuento en materia de salud, durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia señaló que a partir del 1 de enero del 2020 entra en marcha el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituye a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Con la colaboración de instituciones del sector salud y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se aplicó la estrategia de triple optimización: médica, de salud pública y económica, para la atención de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y hepatitis C.

Por lo anterior, se lograron ahorros de más de dos mil 500 millones de pesos (US$ 127,8 millones) con la optimización y compra consolidada, así como abasto de medicamentos de la mayor calidad.

Otra acción fue el establecimiento del marco legal para implementar un nuevo etiquetado de advertencia en los productos de bajo o nulo valor nutricional, que contribuirá al control de la epidemia de obesidad y enfermedades crónicas, las cuales se asocian con la muerte de 300 mil mexicanos al año.

En el marco de la estrategia para la protección integral de mujeres víctimas de violencia, y con el liderazgo de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud replanteó el programa de refugios para mujeres víctimas de violencia y su contribución para un sistema integral para la defensa de sus derechos.

Se creó el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, el cual contará con las mejores opciones terapéuticas disponibles que garantizan, por primera vez, criterios de prescripción homogéneos y de observancia obligatoria para todas las instituciones de salud del sector público, a fin de garantizar el acceso a medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social.