Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.

Las enfermedades atribuibles a los trastornos mentales aumentan en todo el mundo. Los abusos y violaciones a los derechos humanos de pacientes persisten en muchos países, con el encierro en instituciones mentales o prisiones, a menudo sin protección legal. Hay baja calidad de los servicios de salud mental y la inversión pública es insuficiente.

Es parte de lo que la Comisión The Lancet detectó en una segunda revaluación, diez años después, de la agenda global sobre salud mental en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Concluyó que pese a los avances sustanciales en la investigación que muestran lo que se puede hacer para prevenir y tratar los trastornos mentales y promover la salud mental, traducir esos esfuerzos en acciones reales y efectivas ha sido dolorosamente lento.

El reciente informe de The Lancet hace ver que es tiempo de revaluar las políticas públicas rumbo a un nuevo abordaje de la salud mental.

Y en México en particular, la urgencia de ello es evidente ante las alarmantes condiciones de la salud mental.

Simplemente, somos el segundo país en el mundo con más estigma y discriminación hacia y entre las personas con padecimientos psiquiátricos, según un análisis en 2016 a partir de la encuesta mundial sobre salud mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sólo unos datos que reflejan el triste panorama en México:

No todos los estados cuentan con hospitales psiquiátricos; psiquiatras hay 3,68 por cada 100.000 habitantes, y como sucede en otras especialidades, la gran mayoría concentrados en las principales ciudades, en este caso Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

El tabú sobre la enfermedad mental está no sólo entre la población sino entre los mismos médicos. De ahí el desinterés por la psiquiatría; menos del 2% de los estudiantes de Medicina escogen esta especialidad, de acuerdo con un informe de la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (INPRF) en 2016.

Un elemento más: la inversión no está alineada con la enorme necesidad de atención a los pacientes. Del presupuesto público para salud en 2018, apenas 2,2% (2.800 millones de pesos) se destinó a psiquiatría. Ello significa poco más de un dólar per cápita, menos de la mitad del mínimo que recomienda OMS. Aparte, son recursos mal distribuidos pues están concentrados en hospitales cuando -como en todo el sistema de salud- se requiere invertir más en primer nivel de atención para diagnóstico oportuno y prevención. Es entendible que de cada cinco mexicanos que necesitan tratamiento psiquiátrico sólo 1 accede a él.

Agréguense los elevados costos de las consultas psiquiátricas y la falta de cobertura de parte de los seguros médicos privados.

Hablando sólo de depresión: para la OMS es el próximo gran reto de la salud mundial pues está por convertirse en la segunda causa de discapacidad -en México vamos adelante, pues será la primera. Para el año 2020 no habrá enfermedad que haga perder más años de vida saludables.

Entre las propuestas de la Comisión Lancet -que pasan por mayor inversión, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno-, se aboga por impulsar la innovación no sólo para ampliar las intervenciones de salud mental, sino también generar conocimiento entre actores y disciplinas que ofrezcan nuevas perspectivas para comprender la naturaleza y desarrollo de los trastornos mentales.