Carlos Pérez, quien asumió sus funciones en mayo del 2017, aseguró que las nuevas autoridades mantendrán la misma línea al frente del Ministerio para garantizar las inversiones en el sector petrolero y minero.
Quito.- El ministro de Petróleo ecuatoriano, Carlos Pérez, anunció el martes su renuncia por una decisión personal, semanas después de que el país fue sacudido por violentas protestas en contra de un intento del Gobierno por poner fin al subsidio de combustibles.
Pérez, quien asumió sus funciones en mayo del 2017, aseguró que las nuevas autoridades mantendrán la misma línea al frente del Ministerio para garantizar las inversiones en el sector petrolero y minero.
"Hoy por decisión propia me retiro luego de haber cumplido dos años y medio en esta función", dijo Pérez, quien también maneja los sectores de electricidad y minería.
"Las líneas que se va a seguir son exactamente las que se han venido siguiendo ahora, es decir no habrá un cambio de timón en cuanto se está manejando el sector", agregó a periodistas.
El Gobierno de inmediato no informó quien sería su reemplazo.
La renuncia del ministro se concreta semanas después de que el presidente Lenín Moreno retiró un plan para eliminar un costoso subsidio al combustibles como parte de un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de protestas lideradas por el movimiento indígena que sacudieron al país a inicios de octubre.
En el tema petrolero, Pérez dijo que aún queda pendiente el proceso para la construcción de una nueva refinería de hasta 300.000 barriles diarios (bpd).
Además, una negociación con la petrolera tailandesa PTT para acceder a un crédito adicional por unos US$1.000 millones en base a un contrato de venta de crudo anticipada suscritos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.
En el tema minero, anunció que próximamente se firmará un acuerdo para crear una asociación anónima con la minera estatal chilena Codelco para el desarrollo del proyecto cuprífero Llurimagua en el país andino.
También dijo que están analizando propuestas para la concesionar la operación y administración de la central hidroeléctrica Sopladora, de unos 487 megavatios de capacidad, en un intento por obtener recursos frescos para reducir su abultado déficit fiscal.