Los sectores de gas y petróleo podrían enfrentar cambios de regulación, dijo Sandra Beltrán, analista de Moody's Investors Service.

El primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se presentará cierta inercia en el manejo de la política económica del país, particularmente respecto de la gestión fiscal, sin que genere presión en la calificación crediticia de México, que es “A3/perspectiva estable” en la agencia de calificación de riesgo Moody's Investors Service.

En cambio, esgrimieron que la nueva agenda de energía para México, que impulsa el presidente electo genera incertidumbre sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) e impone riesgos sobre la calificación crediticia sobre la paraestatal mexicana.

La calidad del crédito de las empresas mexicanas se mantendrá en general estable en la mayoría de los sectores hasta mediados del próximo año, excepto por el sector de gas y petróleo que podría enfrentar cambios de regulación, informó este lunes un reporte de Moody's Investors Service.

"Durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esperamos cierta inercia de la política económica, particularmente respecto de la gestión fiscal, dado que la administración saliente está preparando el proyecto de presupuesto para 2019", dijo en el reporte Sandra Beltrán, analista de Moody's. 

En un comentario especial de la agencia, detallaron entre los principales riesgos que pueden afectar la nota de Pemex, el control de los precios de energéticos, el gasto en requerimientos de capital; la construcción de refinerías y el retraso en las acciones de petróleo y gas.

Consignaron también que “persiste la incertidumbre sobre la dirección de las políticas económicas que dirigirá la nueva administración de López Obrador, que pese a enviar señales de sus planteamientos, será hasta el año entrante cuando desarrollarán ellos el Presupuesto Federal para ejercer en 2020”, refieren desde Moody's.

“López Obrador ha subrayado su intención de aplicar un modelo macroeconómico más redistributivo, que favorecerá un mayor papel del Estado en la economía, una expansión de los programas sociales, un incremento en la inversión en infraestructuras, todo garantizando prudencia fiscal en el manejo del gasto”, señalan.