La medida del gobierno de Lacalle busca proteger a los empresarios hoteleros de la "competencia desleal". Otros países del mundo también han adoptado medidas regulatorias hacia aplicaciones como Airbnb. 

Airbnb ha cambiado la forma de alquilar en el mundo. Ese servicio ha transformado el sistema y ha generado movidas de los empresarios hoteleros que buscan limitar su uso dado que lo consideran competencia desleal. Estas tensiones han llevado al gobierno de Uruguay a impulsar medidas restrictivas hacia la startup de turismo.

En febrero de 2023, la administración de Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley ante el Parlamento que busca regular las viviendas de uso turístico. El proyecto incluye la creación de un registro de viviendas hoteleras a nivel nacional. A su vez, los alojamientos registrados estarán obligados a ofrecer servicios hoteleros al menos en cinco ocasiones al año y por un tiempo total de más de 90 días. Queda claro que el principal objetivo del proyecto es que la hotelería tradicional pueda afrontar la "competencia desleal" de las plataformas digitales de servicios turísticos. A la fecha, esta medida aún se encuentra en debate parlamentario.

Uruguay y su disposición sobre Airbnb

Un grupo de anfitriones se presentó días atrás en la comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado uruguayo para defender la actividad que realizan. Uno de los voceros fue Aníbal López quien expuso que muchos de los anfitriones son jubilados y, por tanto, la actividad actúa como un complemento. “Entendemos que hacemos un aporte muy importante para una actividad fundamental para el país, como el turismo”, dijo.

La postura de los anfitriones es que ellos no compiten con el sector hotelero al desarrollar otra función. Sostuvo que mantienen un intercambio afectivo y personal con los turistas, además de brindar un servicio exclusivo.

Otra vocera fue Silvia Cobelli, también jubilada. Contó que es propietaria de un apartamento pequeño en Montevideo, pero decidió mudarse a Canelones. Luego de esperar un tiempo decidió alquilar el apartamento a través de Airbnb. Relató que viene mucha gente a su vivienda, tanto extranjeros como uruguayos que residen en el exterior.

Planteó que muchos eligen vivir algunas semanas en un apartamento porque se sienten más cómodos. También comentó que muchos profesionales que alquilan precisan una factura. “Yo no tengo empresa, no puedo hacer factura porque, además, soy jubilada. Por lo tanto, esas personas presentar una factura de la plataforma”, expuso.

En el turno de los senadores, la primera que se refirió a la actividad fue la exministra de Turismo, Liliam Kechichian. Indicó que hay diferentes opciones de alojamiento que no se contraponen sino que son complementarias. “El tema es la competencia desleal que siente el sector, y lo digo con propiedad porque trabajé mucho con la empresa Airbnb para que aportara a Uruguay.

Es cierto que ustedes no son empresarios, pero esa empresa les resuelva desde la factura hasta otra cantidad de cosas, pero lo que no hace es aportarle a Uruguay.”, afirmó. Esa plataforma, sin embargo, ha afirmado que sí realiza aportes. Por tanto, Kechichian señaló que la comisión deberá resolver pedirle esa información a la empresa. Luego de los anfitriones ingresó a sala una delegación de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), que está a favor de la regulación.

La presidenta de la gremial, Marina Cantera, señaló que el canal digital posibilitó que el sector turístico crezca y se diversifique, sobre todo en el segmento del alojamiento. “Sin duda, ha crecido la economía formal, pero también la informal. Esa economía informal es la que hoy estamos viendo crecer a un ritmo que realmente se hace ensordecedor para el sector turístico”, sostuvo.

Cantera dijo que es necesario regular el alojamiento comercial. “Estamos hablando de alguien que comienza a hacer uso de un bien con habitualidad, con profesionalismo y en la búsqueda de un ingreso para su núcleo familiar, lo que es válido. Pero si se inicia un emprendimiento comercial debe estar amparado por obligaciones y derechos que corresponden a cualquier comercio”, concluyó.

Otras iniciativas reguladoras

El proyecto del gobierno uruguayo no es el único de este tipo a nivel mundial. Por ejemplo, en Francia, según un informe de Euronews, los parisinos que quieran alquilar su casa o apartamento principal deben registrarse en la municipalidad. Y a su vez el límite para alquilarla es de un máximo de 120 días al año. Para quienes tengan una segunda casa, deben registrarla como alojamiento turístico.

Por su parte, en Berlín, se pueden alquilar un máximo de 90 días al año, mientras que en Múnich son de ocho semanas como máximo. Por otro lado, en Italia, diferentes ciudades como Florencia, Roma y Milán están estudiando las restricciones que le pondrán a ese tipo de alquileres.

En Ámsterdam, los anfitriones sólo pueden alquilar sus casas un máximo de 30 noches al año. En Portugal se han dejado de emitir licencias para ese tipo de alquileres y en Barcelona no se puede alquilar una habitación durante menos de 31 días. Mientras que en Londres, los propietarios solo pueden alquilarla durante 90 noches o menos al año.