En medio de una grave crisis financiera y de gobernanza, la petrolera peruana -a través del Congreso- pretende asumir la operación de lotes petroleros. Pese a que en febrero pasado obtuvo luz verde para operar el Lote 192, el más importante de Perú, aún no da señales de cuándo empezará a extraer crudo.
La semana pasada, la Comisión de Energía y Minas del Congreso peruano aprobó un dictamen de ley que habilita a Petroperú a explorar y explotar todos los lote petroleros del país andino, con la excusa de salvaguardar la seguridad energética del país.
Si bien esta iniciativa necesita ser aprobada por el Pleno del Legislativo, muchas red flags se activaron ante la posibilidad de que la estatal petrolera regrese al negocio upstream (exploración y explotación), tomando en cuenta que hablamos de una empresa que atraviesa una profunda crisis financiera que la ha llevado al borde de la quiebra.
Y es que, después de que las agencias clasificadoras de riesgo como Fitch Ratings y Standard & Poor’s le bajaran la calificación, la empresa sigue arrastrando una problemática situación financiera y de gobernanza corporativa. En 2022 registró pérdidas por US$ 278 millones y en el primer trimestre de 2023 ya ha perdido US$ 158 millones, sin contar la millonaria deuda de US$ 4.000 millones que costó modernizar la Refinería de Talara, que aún no está operativa al 100%.
Sobre la mesa están en juego varios lotes petroleros en Talara, donde también está ubicada la refinería de la petrolera, cuyas concesiones ya han expirado o lo harán este año y, de aprobarse este dictamen, Petroperú tendría luz verde para elegir cuál de ellos operar y si lo hace o no con un socio estratégico.
No obstante, un antecedente inmediato que genera dudas sobre la capacidad de la empresa para asumir un operación tan riesgosa y costosa como el upstream es que el 28 de febrero pasado, Petroperú suscribió un contrato con Perupetro para operar por 30 años el Lote 192, considerado el yacimiento petrolero más grande del país, con un total de reservas técnicas recuperables de 127 millones de barriles (MMBO), como reservas probadas de crudo mediano, liviano y pesado.
El plan de Petroperú es transportar el petróleo del Lote 192 (ubicado en la región Loreto, en la selva norte del país) a través del Oleoducto Nor Peruano -que sufre su quinto atentado en lo que va de 2023- hasta la nueva refinería de Talara, ubicada en la región norteña de Piura. En teoría, suena como un plan bastante bueno, pero la realidad es que hasta la fecha Petroperú no da indicios de cuándo se hará cargo de este lote.
Al respecto, la empresa tiene un plazo de 240 días, de lo contrario, el Lote 192 revertiría al Estado.
“Lo que (Petroperú) está buscando es matar sus deudas con lotes que producen poco, creyendo que así resolverán sus pérdidas estrepitosas", dice el economista Guido Pennano. “Pagarán sus deudas, no van a reinvertir”.
En ese sentido, para Luis Espinoza, profesor de la Maestría en Gestión de la Energía de ESAN, el fin de la petrolera estatal de obtener una ley ad hoc por parte del Congreso es sacar una ventaja. “Petroperú debe centrarse en su servicio de transporte (oleoducto) que se desvía por Brasil al no poder llegar a la costa peruana, y no en la refinación, su pérdida constante, porque si a ésta le sumas los lotes (renta positiva), al final todo se pondrá rojo”, explicó Espinoza. “No habrían ingresos al Estado ni regalías”, concluyó.
Incluso, según Arturo Pérez, abogado especialista en hidrocarburos, la iniciativa del Legislativo peruano no sería viable, ya que de acuerdo con el Artículo 60 de la Constitución, se requeriría de una ley expresa del Congreso para que un contrato de explotación/producción se considere de interés nacional y solo el Lote 192 cumple con ello.
“(Petroperú) debe concentrarse en dos cosas que ya tiene: el Oleoducto Nor Peruano roto y volver a operar la Refinería de Talara”, dice el especialista.
FALTA DE LIQUIDEZ NO “SERÍA” PROBLEMA, ¿PERO EL OLEODUCTO?
A inicios de esta semana, Carlos Vives Suárez, expresidente de Petroperú, argumentó al diario local La República que la falta de liquidez de la compañía no afecta una posible operación de los yacimientos de Talara, ya que no hay ningún riesgo por seguir explotando el mismo crudo que las privadas heredaron hace 30 años.
Sin embargo, la falencia del Oleoducto Nor Peruano –que transporta el crudo desde el nororiente de Perú hasta la refinería de Talara– se encuentra en su estructura subutilizada, pues apenas y funciona al 30% de su capacidad. Además, desde los años setenta hasta ahora, el petróleo extraído se ha vuelto más pesado, como la brea, por lo que muchos productores inyectan un diluyente para poder transportarlo. Esto hace que empresas usuarias del oleoducto, que no son pocas, vean con buenos ojos la posibilidad de usar el Oleoducto de Crudo Pesados (OCP) de Ecuador, que sí está diseñado para crudo pesado.
Ello explicaría también la caída promedio de barriles por día (bpd) que, según el Ministerio de Minas (Minem), fue de 127.000 bpd a 40.000 bpd en los últimos años.
“El problema más severo es que los nativos de la selva hacen fallar el oleoducto con daños, estallidos, derrames”, explicó Pennano. “Es por eso que las empresas extranjeras deciden irse a otro lado”.
Éstas están menos atraídas dadas las implicancias sociales y ambientales.
Sin embargo, el más reciente atentado es un acto consecuente que se viene arrastrando desde que el lote fue operado por PlusPetrol Norte, consorcio integrado mayoritariamente por Pluspetrol, entre los años 2000 y 2015 cuando se negó a asumir su responsabilidad de cerca de 1.900 sitios contaminados que afectaron a más de 20 comunidades.
Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), bajo el control de la empresa canadiense Frontera Energy, hasta mayo de 2020 se registraron más de 90 derrames de petróleo adicionales. Y aunque Petroperú, previo cierre de trato, concluyó con 67 acuerdos en agosto de 2021 con las comunidades indígenas impactadas, no ha habido cumplimiento de estos.
Independientemente de los problemas financieros, de gestión o con las comunidades aledañas a las operaciones de Petroperú, lo cierto es que Perú, a diferencia de otros países sudamericanos como Colombia, Venezuela o Ecuador no es un país petrolero que cuente con petroleras más robustas, independientes y que realmente generen millonarios ingresos a sus respectivos países, como es el caso de Ecopetrol en Colombia, que actualmente busca migrar a otro tipo de energía renovables y sostenible, impulsada en gran parte por la administración del presidente Gustavo Petro.
Petroperú está muy lejos de eso, por ello el impacto de una decisión del Legislativo debería plantear la reconstrucción interna de la empresa estatal para que no solo sobreviva o se evite hundir la producción nacional, sino que aporte realmente a la economía del país.
