La petrolera tiene hasta mayo de este año para cumplir con la orden y deberá definir qué documentos clasifica como reservados y cuáles estarán disponibles en la plataforma.
Ecopetrol, la mayor empresa estatal de Colombia, enfrenta una orden judicial que le exige mayor transparencia en su actividad contractual.
El Consejo de Estado determinó que la petrolera tiene un plazo de tres meses para publicar todos sus contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), salvo aquellos con reserva legal, argumentando que hasta ahora la información disponible ha sido insuficiente.
Tras el fallo, Ecopetrol emitió un comunicado en el que asegura que cumplirá con la regulación y con las decisiones judiciales, sin dejar de insistir en su naturaleza mixta y su condición de empresa que compite en el mercado con otras compañías.
La empresa hizo cuatro aclaraciones principales:
Primero: aseguró que seguirá publicando la información exigida por la ley, dentro de los parámetros jurídicos y los precedentes judiciales aplicables.
Segundo: resaltó que el Consejo de Estado confirmó que ya publica documentos en el SECOP II, aunque su fallo exige mayor alcance.
Tercero: Ecopetrol recalcó que la sentencia le permite definir qué documentos deben permanecer confidenciales por razones estratégicas o comerciales.
Cuarto: en un plazo de tres meses (mayo de 2025), acorde a lo que estipuló el Consejo de Estado, informará sobre el cumplimiento del fallo y la ratificación de las reservas que correspondan.
En pocas palabras, la petrolera cumplirá, pero deja en claro que no se verá obligada a publicar contratos que considere confidenciales, lo que mantiene abierta la discusión sobre qué información se hará pública y qué quedará bajo reserva.
La acción legal que llevó al fallo del Consejo de Estado fue presentada porque, según la Fundación para el Estado de Derecho, Ecopetrol no ha publicado todos los documentos exigidos por la norma desde julio de 2022.
El fallo evidenció que la información en SECOP II solo incluye las ofertas de los procesos contractuales, pero no refleja las diferentes etapas de los contratos, como la precontractual, la contractual y la postcontractual. En otras palabras, aunque Ecopetrol ha publicado algunos documentos, la información disponible ha sido insuficiente para un control efectivo.
Ahora bien, la decisión del Consejo de Estado deja a Ecopetrol en una posición clave: aunque el ente público reconoce que la petrolera puede clasificar ciertos documentos como confidenciales, recalca que el mecanismo de acción de cumplimiento no es la vía para resolver en abstracto qué información debe mantenerse en reserva.
