La cámaras empresariales de Uruguay reclaman que si no se atienden las protestas del sector es probable que “casi 3.000 personas no puedan volver a trabajar en la pesca"

Las dos cámaras empresariales de Uruguay vinculadas al sector pesquero emitieron este jueves un comunicado en el que acusan al gobierno de ”irresponsable” y no atender al pedido de “corregir graves irregularidades planteadas a las autoridades desde hace años”, además de advertir “la inviabilidad de la actividad en las condiciones actuales”.

La Cámara de Industrias Pesqueras de Uruguay (CIPU), y la Cámara de Armadores Pesqueros de Uruguay, (CAPU) sostienen en el comunicado que “la falta de respuestas por parte del gobierno durante meses es totalmente irresponsable, y en la práctica, termina condenando a algunas empresas. Las promesas o el "lo estamos analizando" no cuentan. Con promesas de atender el tema no se paga gasoil, ni hielo, ni sueldos, ni BPS, ni BSE, ni permisos de pesca, ni DGI”.

Además aseguran que mantuvieron “decenas de reuniones” con el Ejecutivo, Legislativo, empresas y dependencias públicas, que enviaron notas a diversos organismos estatales en los que denunciaban la situación del sector y solicitaban “medidas urgentes”, y que tanto la Presidencia de la República como el Ministerio de Economía “también están al tanto desde hace meses (o años) de la crítica situación del sector”.

“Hoy, el 90% de la flota lleva tres meses parada. Hay casi 3.000 personas afectadas en forma directa y otras tantas indirectamente”, agrega la misiva.

“Si nada cambia, probablemente no puedan volver a trabajar en la pesca. Los empresarios hemos seguido invirtiendo, endeudándonos y trabajando a pérdida, muchas veces por el solo hecho de que los trabajadores no pierdan su fuente de sustento”, puntualiza.

"Estamos convencidos de que la Industria Pesquera puede y debe ser una fuente de riqueza para el pueblo uruguayo, que podemos duplicar o triplicar nuestra producción y el empleo que generamos, pero el sistema político debe decidir de una vez por todas si quiere que en nuestro país haya pesca o no. No tomar acciones, o seguir demorándolas, es también una decisión, con consecuencias que el Poder Ejecutivo tendrá que asumir”, cierra la carta.

EL CONFLICTO

La flota nacional está compuesta por 54 barcos que se dedican fundamentalmente a la exportación. Hay 48 que están inactivos y solo seis zarparon para pesca de costa y altura desde principios de año y con pocas expectativas de poder revertir una situación compleja más allá de la proximidad de los meses de mayor actividad.

El sector arrastra una mala zafra anterior que estuvo afectada, entre otros factores, por una fuerte competencia argentina, según la visión empresarial.

Los trabajadores difieren notoriamente con la posición de los patrones de los barcos. Para los sindicatos la paralización de actividades es una estrategia premeditada que apunta a la próxima negociación salarial, además de buscar rédito a través de exoneraciones.

Desde la CAPU señalan que la paralización de actividades no es una medida gremial porque las representaciones empresariales –también está la Cámara de Industrias Pesqueras- no toman medidas colectivas.

“El sector hace tiempo que avanza en una crisis que ahora se agudizó. Entonces no es viable trabajar en este momento, estamos tratando de conservar los puestos de trabajo. Si las empresas empiezan a cerrar lo que se pierde es trabajo”, expuso a El Observador Ricardo Piñeyro, presidente de CAPU.

LOS CAMBIOS QUE SOLICITAN LAS EMPRESAS

Las cámaras solicitan al gobierno de Luis Lacalle Pou algunos cambios que colaboren con una baja de los costos. Uno de los reclamos es sobre un antiguo decreto que otorgó un cómputo jubilatorio bonificada para los trabajadores pesqueros. Piñeyro, explicó a El Observador que se presentaron varios argumentos jurídicos para derogar esa normativa pero todavía no hubo respuesta.

También se reclama volver a un esquema de aportes por fictos –como se hizo en algún momento- y no por los salarios reales de los trabajadores. Otro punto refiere a las primas por accidentes del Banco de Seguros (BSE).

“Son del 11% y las más altas del país. También se hicieron gestiones para tratar que se bajen, pero tampoco hubo solución todavía”, añadió.

Respecto al cómputo jubilatorio, "los decretos nunca se han podido aplicar en su totalidad pues esto implicaría que las empresas pagaran un 35% de cargas patronales (lo normal es un 7,5%) haciendo inviable la actividad", dijo Carlos Olivera, gerente de la empresa pesquera Novabarca, en una columna de opinión publicada en Contraviento.

"Hasta la fecha, y cada seis meses, los gobiernos (este también) han venido prorrogando la aplicación total, perpetuando una solución intermedia (también insostenible, además de generar incertidumbre). Los trabajadores no se benefician de esta medida, pues, para que un año compute como trabajado, se precisa una cantidad de días embarcado (150) que pocos tripulantes alcanzan, es decir: las empresas pagan, los tripulantes no se benefician, solo el BPS gana (victoria pírrica, pues lleva al cierre del sector, ergo, desaparición de aportantes)", agregó.

También solicitan "rebajar en un 50% el costo de permisos de pesca" de Dinara, "transformar las multas actuales en apercibimientos, mientras se realiza una revisión y ajuste de la normativa en materia de imposición de multas".

A la ANP le solicitan "hacerse cargo de los gastos que, para las empresas armadoras, represente la mudanza al nuevo puerto Pesquero de “Capurro” y "mantener en Puerto Capurro, las mismas condiciones de costos y operación que en los muelles 10 y 11 donde se opera actualmente".