Tras la negativa del gobierno peruano a brindar más apoyo financiero, la petrolera estatal ha estado en el ojo de la tormenta por su deuda abultada y un historial de malos nombramientos en su administración.
El primer mes del año finalizó con malas noticias para Petroperú, la petrolera estatal del país andino. La consultora Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de la empresa de “BB+” a “B+” y ha mantenido su perspectiva negativa. Las causas son evidentes: Petroperú está muy lejos de ser autosostenible y cumplir con sus obligaciones de reestructuración. Desde el gobierno peruano, la acostumbrada ayuda del rescate de fondos no llegará y los grandes proyectos públicos están lejos de cumplir con las expectativas de liquidez.
El debate en torno al estado calamitoso de las finanzas de Petroperú tomó un nuevo vuelo el pasado 20 de enero. Ese día, la opinión pública de Perú se remeció tras un anuncio tajante del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en el canal Latina TV. El jefe del gabinete ministerial descartó que el Ejecutivo peruano le otorgara el rescate financiero valorizado en US$ 1.150 millones o una nueva capitalización a la petrolera estatal. Otárola justificó su decisión en que el Gobierno de Dina Boluarte ha preferido invertir dinero en obras de saneamiento destinadas a combatir el impacto del Fenómeno El Niño.
Acto seguido, los bonos en dólares de Petroperú, los cuales caducan en 2032, descendieron en más de 2,5 céntimos, siendo esta su mayor caída en los últimos dos años. No obstante, el premier ha dejado la puerta entreabierta para una eventual ayuda estatal, pues sí se comprometió a reprogramar la deuda de US$ 750 millones que Petroperú mantiene con el Ministerio de Economía y Finanzas peruano (MEF).
LAS CIFRAS EN ROJO
La petrolera, una de las pocas empresas del Estado peruano que esquivó el programa de privatizaciones de la década de 1990, mantiene una relación complicada con el MEF. Actualmente, su directorio opera sin los dos representantes correspondientes del Ministerio, porque los anteriores renunciaron para deslindarse de la mala gestión. Por ello, en la práctica, la alta gerencia de Petroperú está dominada por sus trabajadores y personajes ligados al Ministerio de Energía y Minas (Minem). No resulta sorprendente que Óscar Vera, titular de esta cartera, sea también empleado de la petrolera. Incluso, cuando asumió funciones en diciembre de 2022, pidió licencia para ejercer su cargo en el gabinete.
Si bien Petroperú usualmente ha mantenido una gran deuda financiera, esta comenzó a aumentar de forma considerable durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Así, si en diciembre de 2020, la deuda a largo plazo se contabilizaba en US$ 3.281 millones, dos años después, la suma ascendía a US$ 4.851 millones.
Este agravamiento de la situación se dio, a pesar que en octubre de 2022, el Ejecutivo peruano aprobó un rescate de US$ 1.000 millones destinado a sostener la capacidad financiera de Petroperú y el mantenimiento de sus operaciones financieras. El soporte del Estado peruano incluía garantías para que la petrolera accediera a otros US$ 500 millones mediante créditos.
Sin embargo, la ayuda venía bajo la condición que Petroperú se reestructure. “En el último balance disponible, los costos de ventas están por arriba del total de los ingresos. La empresa operativamente no es rentable y esto significa que nadie en su buen juicio invertiría, debido a que la ganancia básica es negativa”, declaró Ramsés Pech, analista energético mexicano de la consultora Caraiva y Asociados, para AméricaEconomía.
Ya para entonces, el proyecto emblema de la compañía era la Nueva Refinería de Talara. Ubicada en Piura, al norte de Perú, su objetivo era abastecer a la industria local de combustibles con menor contenido de azufre y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, el informe anual de Petroperú de 2022 reflejó que el proyecto había costado unos US$ 5.995 millones.
Esta cifra ascendía a cuatro veces su costo inicial, de US$ 1.334 millones, definido en el primer estudio de factibilidad de 2007. Con esta revelación, Petroperú cerraba un año crítico que no fue ajeno a escándalos de corrupción y tráfico de influencias. De acuerdo a Pech, si la petrolera busca que la Nueva Refinería de Talara aporte al pago de su deuda, la solución es aumentar el margen de refinación. “Mientras este sea negativo, Petroperú no tendrá flujo para pagar la deuda, y tendrá que solicitar más préstamos”.
Por ejemplo, en enero de 2022, el gobierno de Castillo designó a Daniel Salaverry, un ex congresista conservador, como presidente del directorio de Petroperú. Tres semanas después, el ex legislador renunció, luego que la Contraloría General de la República lo declarase “no apto” para ejercer su cargo. Ese mismo año, el director general de la compañía, Hugo Chávez, fue denunciado por favorecer a la compañía de un amigo en un proceso de licitación de explotación de diésel.
SOLICITUDES CUESTIONABLES
Para 2023, ya con Dina Boluarte en la presidencia, el manejo de la administración pública también tuvo hechos cuestionables. Como muestra, el pasado mayo, el viceministro de Hidrocarburos del Minem, Antar Bisetti, renunció a su puesto y el viceministro de Electricidad tomó sus funciones de manera interina. Finalmente, este periodo se extendió durante cinco meses hasta que recién en octubre de 2023, Julio Poquioma asumió como nuevo titular del cargo.
En medio de esta seguidilla de acciones negligentes del Ejecutivo, Petroperú nunca ejecutó la reestructuración prometida. Hace una semana, el presidente del Directorio, Pedro Chira, solicitaba el rescate millonario del Estado bajo la consigna que esta era la única forma que la petrolera vuelva a flote. "Si el Estado no nos da el dinero, será más pesado cumplir con nuestros objetivos", fueron las palabras de Chira.
Sin embargo, para Pech, esta afirmación es irrealizable en la práctica. “Las líneas de crédito de Petroperú son tan amplias que se emplean en operaciones de compras de crudo y de productos refinados en el territorio nacional, en mercados del exterior, así como otras obligaciones vinculadas al capital de trabajo. Estas líneas no tienen exigencias de costos de mantenimiento ni exigen colaterales”, asegura el analista.
Por lo tanto, es probable que incluso la promesa de Chira de que Petroperú volverá a ser autosostenible, luego de que la Nueva Refinería de Talara cumpla 16 meses de operación plena, quedará en el discurso. Además, tampoco se sabe si la refinería genera utilidades, porque Petroperú mantiene sus estados financieros en secreto. Tal es el secretismo de la compañía que en 2022, se encargó un informe detallado a la consultora internacional Arthur D. Little sobre este funcionamiento, pero no ha sido revelado.
“El gobierno peruano debería realizar un diagnóstico y perspectiva sobre la demanda de combustibles fósiles como el gas natural, petróleo crudo y sus derivados”, recomienda Pech. Según su perspectiva, estas medidas ayudarían a establecer un plan de largo plazo que determine con base el crecimiento del país, así como dividir las responsabilidades que tendrían Petroperú y el mercado. No obstante, la falta de liquidez, la caída de los bonos de la petrolera y la bajada de calificación de Fitch colocan a Petroperú en un dilema: buscar el financiamiento o pagar lo que está por vencer. “La solución es revisar hasta donde la empresa de lo que opera puede cubrir la demanda del mercado, y que tenga ganancias positivas. El resto deberá ser absorbido por el mercado”, concluye Pech.
