En reiteradas oportunidades, Javier Milei ha expresado su intención de privatizar la petrolera estatal. Sin embargo, su gobierno buscará solucionar el conflicto legal que data desde 2012, así como revalorizar las acciones de la empresa.

Cuando el ambiente esperanzador por la asunción de un nuevo gobierno se desvanece, toca asumir la realidad con la mente fría. El ejemplo más reciente es Argentina, donde la flamante administración de Javier Milei ha impulsado una serie de reformas económicas liberales como respuesta a la dura herencia que dejó el gobierno del kirchnerista Alberto Fernández. Sin embargo, los desafíos no solo incluyen los ya conocidos como la inflación desmedida, sino conflictos internacionales que no deben pasarse por alto. Quizás el más emblemático es el juicio por el estado actual de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). 

Como se recuerda, en septiembre de 2023, la jueza estadounidense Loretta Preska determinó que el gobierno argentino debía pagar US$ 16.000 millones al fondo Burford Capital por la expropiación irregular de YPF en 2012 Cabe destacar que la firma estadounidense compró el pleito legal a socios de la petrolera española Repsol, socia mayoritaria de YPF al momento de la confiscación. 

Burford fija la fecha oficial de la expropiación en el 16 de abril de 2012. Ese día, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner nombró como interventor de la empresa a su ministro de Economía y hoy gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. El carácter ilegal de la medida se centra en que Kicillof fue designado aún antes que se aprobara la Ley de Expropiación el 7 de mayo del mismo año. Asimismo, durante aquel rango de tres semanas, las acciones de la petrolera cayeron un 25%, lo que podía implicar una diferencia clave a la hora de fijar el monto de la indemnización. Debido a la posible diferencia, la jueza Preska le dio la razón a Burford en torno a la fecha de expropiación. 

En consecuencia, el gobierno de Alberto Fernández apeló el fallo sin éxito y la nueva administración de Milei solicitó una prórroga de 90 días para presentar garantías por el juicio. Los argumentos del Estado argentino, defendido por el estudio Sullivan & Cromwell, se basaban en la necesidad de que el gobierno se “familiarice” con el caso. “Argentina desea honrar sus obligaciones y buscará dialogar con acreedores”, sostiene el escrito.

No obstante, la Justicia de EE.UU. rechazó hoy también este recurso. “Si este juicio es tan crítico como lo representa la República (de Argentina), uno pensaría que el nuevo gobierno le prestaría atención inmediata”, expresó Preska en su fallo. De esta forma, el Estado argentino era obligado a pagar la citada indemnización a Burford Capital hasta el 11 de enero de 2024. De lo contrario, podría iniciar el proceso de pedido de embargos contra el Estado. En este escenario, lo alarmante es que Argentina carece de las reservas internacionales suficientes para desembolsar tal cifra en un plazo tan corto. Consciente de esta situación, Preska aceptó el mes pasado que el país austral pague la indemnización con otros activos mencionados por los demandantes como garantía para evitar embargos. Estos podrían incluir las propias acciones estatales de YPF. 

MILEI FRENTE A LA GESTIÓN DE YPF

Ni bien fue elegido presidente el pasado 19 de noviembre, Javier Milei ratificó su decisión de privatizar YPF. Aunque aclaró que primero el nuevo gobierno buscaría una gestión más sostenible para la compañía El motivo era simple: según la óptica de Milei, la administración pública de YPF había destruido la empresa y, venderla hoy a precio de mercado sería regalarla. Bajo esa consigna, el 10 de diciembre, Horacio Marín, ex presidente de Tecpetrol, fue nombrado como nuevo jefe de la petrolera estatal. Al asumir, Marín declaró que seguiría el “método Djokovic”, en alusión al aclamado tenista serbio que “juega pocos partidos al año, pero siempre en torneos importantes”. Esta metáfora alude al hecho que YPF debería priorizar sus negocios más importantes como Vaca Muerta.

Más recientemente, este 20 de diciembre, durante el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Milei incluyó entre las medidas anunciadas la “derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas”. Así, el jefe de Estado expresó que cambiaría la estructura legal de todas las empresas estatales para abrir de lleno el camino hacia el protagonismo del sector privado en la economía argentina. 

Entre los activos públicos que mencionó se destacan Aerolíneas Argentinas, redes ferroviarias y la propia YPF, aunque esta última bajo el mencionado proceso de transición. Hasta entonces, las acciones de la petrolera que cotizan en Nueva York aún operan alrededor de un 20% debajo que cuando el gobierno de Fernández de Kirchner la nacionalizó en 2012. Este bajo valor se mantiene incluso después que la victoria electoral de Milei produjera amplias ganancias en el mercado de valores.

Pese a la determinación de Milei y Marín en levantar YPF del déficit y prepararla para una inminente venta, esto no bastaría para concretar el plan. Esto se debe a que la propia ley de nacionalización de 2012 posee una cláusula que exige que dos tercios del Congreso argentino aprueben la venta de acciones del Ejecutivo, en lugar de solo una mayoría simple. De esta forma, al igual que con tantas reformas del programa libertario, la negociación con los viejos sectores políticos es un paso obligado. Si bien no sería la primera vez que YPF es privatizada, pues ya sucedió en 1999 durante el gobierno del peronista Carlos Menem, la diferencia radica en el mayor apoyo parlamentario que este último disponía por aquel entonces. 

Sea como fuese, a corto plazo, Milei mantiene como prioridad asumir la indemnización por la expropiación de YPF. Así lo manifestó esta mañana en un brindis por fin de año con reporteros de la prensa argentina e internacional. “Estamos analizando las alternativas (con respecto al conflicto de YPF) y por supuesto entendemos que es parte de un gran desorden que estamos tratando de solucionar a corto plazo (...). Estamos viendo las consecuencias de este colosal monto del que todos los argentinos vamos a tener que hacernos cargo”, declaró para CNN Radio. 

Cuando se le preguntó si esto último implicaba el pago del monto, el economista libertario expresó que Argentina “iba a cumplir sus compromisos y respetar sus contratos siempre”. Acto seguido, Milei aclaró que analizarían todos los caminos posibles para resolver la sentencia del juzgado estadounidense, aunque no especificó cómo. De esta forma, 2023 finaliza para Argentina con un nuevo gobierno, la economía en vías de colapso y un conflicto internacional dilatado durante tres administraciones.