La Administración del izquerdista Gustavo Petro impulsa como una política clave la desvinculación del país de la dependencia de los hidrocarburos, instando a las empresas a desarrollar bloques ya adjudicados, a pesar de las demandas de la industria de nuevas rondas de licencias.

El Gobierno de Colombia se prepara para ayudar a las empresas energéticas a reactivar al menos 21 contratos de petróleo y gas suspendidos con una iniciativa de US$ 38 millones destinada a resolver problemas de seguridad y relaciones comunitarias, dijo la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El Gobierno izquierdista del presidente Gustavo Petro impulsa como una política clave la desvinculación de Colombia de la dependencia de los hidrocarburos, instando a las empresas a desarrollar bloques ya adjudicados, a pesar de las demandas de la industria de nuevas rondas de licencias.

Los oleoductos y otras infraestructuras suelen ser objeto de ataques por parte de grupos armados ilegales y a principios de este año dos personas murieron y casi 100 fueron tomadas como rehenes por comunidades rurales que exigían a Emerald Energy, filial de la empresa estatal china Sinochem, el arreglo de las carreteras. Las comunidades se quejan a menudo de que el desarrollo petrolero produce daños medioambientales y pocas mejoras de las infraestructuras. La ANH dijo que hasta ahora ha identificado concesiones propiedad de empresas como Geopark, Gran Tierra Energy, SierraCol Energy, Ecopetrol, de mayoría estatal, y Emerald como posibles beneficiarios de su Estrategia Territorial de Hidrocarburos. La ANH destinará 160.000 millones de pesos (más de US$ 38 millones) -equivalentes a 40.000 millones de pesos (US$ 9,6 millones) por cada año de Gobierno de Petro- para la estrategia.

"Hemos venido trabajando en la implementación de un acuerdo enfocado en proporcionar alternativas para viabilizar las actividades exploratorias que vienen con rezago en su ejecución", dijo la ANH en respuestas a un cuestionario de Reuters.

El regulador ayudará a las empresas a coordinarse con entidades como el Ministerio del Interior, que suele mediar entre empresas y comunidades, "garantizando así el desarrollo de espacios de diálogo social y la participación efectiva de las comunidades en las actividades territoriales".

Lentos procesos de consultas con las comunidades

Las empresas están obligadas a realizar consultas a las comunidades antes de que avancen los proyectos, pero los sucesivos gobiernos no han conseguido agilizar el proceso. Aunque el número de contratos incluidos en el plan puede cambiar, algunos bloques adjudicados no son aptos para su inclusión, dijo la ANH, ya sea porque las empresas han pedido devolverlos o porque son para exploración no convencional como el fracking, al que se opone el Gobierno. Los contratos incluidos en el esfuerzo de reactivación han estado suspendidos por un promedio de entre ocho y diez años, dijo la ANH. Cinco fueron adjudicados a Amerisur Resources, una empresa que antes cotizaba en Londres y que fue comprada por Geopark en una operación finalizada en 2020. Geopark declinó hacer comentarios sobre el esfuerzo por galvanizar los contratos suspendidos.

Anteriormente, la compañía dijo que el desarrollo de uno de los contratos, PUT 9 en el departamento de Putumayo, fue suspendido debido a una fuerza mayor no especificada antes de la toma de posesión de Amerisur. Las tres concesiones pertenecen a Ecopetrol, que dijo que siempre tuvo la intención de desarrollar los bloques y ha estado revisando con el Gobierno los problemas que impiden su desarrollo.    

"En los tres se tiene una alta complejidad debido principalmente a situaciones de orden social o de seguridad", dijo Ecopetrol en un comunicado. Dos contratos en el departamento de Arauca han sido afectados por problemas de seguridad, aseguró Ecopetrol, mientras que el bloque Odisea en el departamento de Casanare enfrenta la oposición de las comunidades locales. 

SierraCol ha discutido los contratos Llanos 39 y Llanos 52 con el Gobierno, dijo, asegurando que "para reiniciar actividades en estos bloques se requiere que las condiciones de orden público que dieron lugar a la fuerza mayor dejen de existir". La fuerza mayor estaba relacionada con cuestiones de seguridad, afirmó SierraCol, sin dar más explicaciones. Otras empresas incluidas en la lista de 21 contratos no respondieron a las solicitudes de comentarios o no pudieron ser contactadas.