Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, aseguró que la “no corrección de los yerros” del decreto de liquidación del presupuesto y los anuncios sobre vigencias futuras están afectando miles de empleos, ponen en riesgo la ejecución de proyectos.
De los $502 billones (US$ 127.799 millones) aprobados en el Presupuesto General de Colombia, $16,7 billones (US$ 4.251 millones) corresponden al sector transporte y, de esa partida, $13,6 (US$ 3.462 millones) se asignaron para inversión de proyectos de infraestructura concesionados y de obra pública. Este lunes, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, afirmó que hay preocupación en el gremio por la no desagregación de $12,5 billones (US$ 3.182 millones) del presupuesto (que hacen parte de los $13,6 billones mencionados).
Si bien el gremio reconoce que el presidente Gustavo Petro, en el Congreso Nacional de Infraestructura, aseguró que los contratos de concesión se van a respetar, hay preocupación por la no desagregación del presupuesto y por los anuncios recientes sobre las vigencias futuras.
“La CCI ve con gran preocupación que, en el decreto de liquidación de presupuesto de 2024, el Gobierno Nacional omite la desagregación de $12,5 billones (US$ 3.182 millones) para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invı́as y de la ANI, lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo”, afirmó Caicedo.
El viernes, en rueda de prensa, Bonilla aseguró que no hay ningún vicio jurídico: “la norma dice que se tiene que liquidar el presupuesto aprobado por el Congreso. No se modificó ninguna cifra de lo aprobado por el Congreso”.
Sin embargo, lo más preocupante, según el gremio, es que la situación “violenta” lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Presupuesto. La Cámara también afirma que le sorprenden los recientes anuncios del ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, que señalan que el pago de las vigencias futuras no se realizaría de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de “decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos”.
La Cámara argumenta que esta decisión podría paralizar iniciativas estratégicas para la competitividad del país, como la Primera Línea del Metro de Bogotá. El gremio precisó que las vigencias futuras “cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado, por lo que nada tiene que ver el pago de tales vigencias con el ritmo de ejecución de las obras” y que, para el caso de los retrasos, la ley dispone de mecanismos contractuales y administrativos.
Caicedo sostuvo que ya se siente la parálisis en varios programas del Instituto Nacional de Vías por la no expedición del decreto. Pone sobre la mesa, por ejemplo, que la decisión ya ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios porque no es posible adicionar contratos para el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas desde el 31 de enero de este año. Además, agrega, se suspendieron los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, por un monto $267.000 (US$ 67,97) para este año, “porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas”.
De acuerdo con la CCI, el Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de las carreteras nacionales no concesionadas porque no tiene los certificados de disponibilidad presupuestal. De ahí que alerta que la situación podría llevar incluso a la suspensión del tránsito por corredores como el cruce de La Línea, pues el contrato vence en marzo.
Por la imposibilidad de expedir los registros presupuestales de 2024, los proyectos en ejecución del programa “Legalidad y reactivación” tendrían que suspender obras. En total, de acuerdo con el gremio, 57 proyectos declarados de importancia estratégica, como la variante San Francisco-Mocoa, la vía Popayán-Isnos, San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo y Conexión Alta Guajira.
Incluso la ejecución de uno de los programas bandera del Gobierno, Caminos Comunitarios para la Paz Total, quedaría paralizada por la no expedición del decreto.
“Los empleos también están en riesgo ya: la no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invı́as, quienes no están vinculados desde el pasado mes de diciembre”, dice el comunicado de la Cámara.
Ante este panorama, también preocupa la pérdida de confianza de los inversionistas. Para la CCI, las circunstancias actuales no solo le ponen “freno de mano” a la reactivación económica, sino también a la continuidad al modelo APP (Asociaciones Público-Privadas).
