Faltan dos semanas para la liberación de licencias del espectro 5G en el país cafetero y las críticas de Claro a las medidas de libre competencia del regulador local han abierto un debate sobre el rol que el Estado colombiano debe jugar en la infraestructura de las redes móviles.

Lo que parecía ser un avance notable en la creación de un mercado competitivo de telecomunicaciones en Colombia ha generado controversias. El pasado 24 de enero, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) del país cafetero implementó una serie de medidas que buscaban responder a la protesta de 10 operadores de telefonía. Como se recuerda, empresas como WOM, Tigo, Colombia Telecomunicaciones, entre otras, habían enviado una carta al presidente Gustavo Petro con el objetivo de controlar la presunta hegemonía que la mexicana Claro ejercía en el mercado de telefonía móvil colombiano.

“Mientras que en 2017 cuatro operadores, de los 8 que existían, presentaron utilidades positivas, hoy tan solo 2 de los 11 operadores, uno de ellos Claro, el dominante, presentan ganancias, sin dejar de lado que 2 de los existentes en 2017 terminaron cerrando sus operaciones en Colombia, y que 7 no cuentan con red propia”, expresó el documento. 

Sin embargo, para Jorge Bravo, analista de telecomunicaciones mexicano y director general de DPL Group, la “dominancia” de mercado es un criterio cuestionable. “En las telecomunicaciones de Colombia, no hay un problema de precios elevados, porque el país tiene una de las bandas anchas móviles más baratas del mundo. Además, la velocidad del Internet es promedio y hay más de 10 operadores que garantizan la innovación en el sector”, declaró Bravo para AméricaEconomía.

Cabe destacar que en Colombia, actualmente hay 85 millones de líneas de telefonía móvil, con corte al tercer trimestre de 2023. De esta suma, Claro dispone de una participación del 45,52%, con 38,7 millones de abonados. Estas cifras incluyen 28,56 millones de usuarios en pregrado, así como 10,13 millones en pospago. En segundo lugar de participación, figura Movistar, con 25,15% y 21,38 millones de abonados. Finalmente, Tigo (15,02 millones), WOM (4,67 millones) y Virgin Mobile (2,83 millones) cierran la lista de principales operadores móviles.

A través de un comunicado oficial, Claro detalló que ha realizado sostenidamente el 50% de las inversiones del sector telecomunicaciones de Colombia. En 2022, la compañía alcanzó un 54%, mientras que los demás operadores “redujeron significativamente” las suyas. El documento mencionó como ejemplo la disminución de participación de las inversiones de Movistar de 26% a 9%. Asimismo, la compañía mexicana criticó que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) autorizase a Movistar y Tigo a unir sus redes, lo que garantizaría una mayor participación de estos operadores en el mercado.

EL AJUSTE DE LA CRC

En respuesta, las medidas de la CRC apuntan a promover la libre competencia entre los operadores de servicios móviles. Esto incluye el cambio de reglas para la prestación de servicios de voz móvil (llamadas), SMS (mensajes de texto) e Internet móvil. A través de esta política, la comisión se enfoca en tres ejes principales: la protección de datos de los usuarios, el fortalecimiento de mecanismos de atención al usuario mediante canales físicos, así como una mayor transparencia en información sobre tarifas y planes. 

Por ejemplo, una de las medidas obliga a los operadores a especificar todos los precios de sus ofertas en las páginas web. Según Bravo, esta decisión es más anecdótica que trascendente. “Lo importante que debe garantizar un regulador en el sistema de competencia existente es la libertad tarifaria. Esto viene de las condiciones de competencia del mercado. Por eso hay competencia, porque hay tarifas muy bajas. Todos los operadores quisieran ganar más y para ello, necesitan modelos de negocio adicionales, innovación, inversión y cobertura”, sostiene Bravo.

Quizás la medida más relevante del programa de la CRC es la imposición a Claro de suministrar su infraestructura a tarifas 53% menores. Además de la predecible oposición del operador, esta cuestión abre un debate sobre la postura del Estado colombiano frente a la instalación de redes móviles.

“Con este tipo de regulaciones, el problema público es que no hay inversión en infraestructura de telecomunicaciones. Por lo tanto, no aumenta la conectividad en las zonas rurales y no se cierra la brecha digital”, asegura Bravo. Bajo esta premisa, si los operadores deben compartir la infraestructura y subsidiar a las redes competidoras, se pierden los incentivos para invertir. 

Y de esta forma, el objetivo del gobierno de Petro de conectar al 85% de los colombianos al Internet de banda ancha se vería perjudicado. “La CRC le está dejando al Estado colombiano la responsabilidad de conectar a los desconectados. Y los operadores se van a quedar compitiendo en el mercado rentable. No dejan que estos intervengan en la infraestructura bajo la excusa que saldrán tarifas más caras para los usuarios. Pero lo que finalmente se entorpece es la conexión de más usuarios”, advierte Bravo.

LA EXPECTATIVA POR LA SUBASTA DE LA RED 5G

A finales de diciembre de 2023, el Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia acordó la subasta de la red tecnológica 5G. Las cuatro empresas participantes fueron Claro, Movistar-Tigo, WOM y Telecall. Como era de esperar, Claro se adjudicó la mayor parte del espectro con un bloque de US$ 104 millones. Por otra parte, Movistar-Tigo y WOM se quedaron con bloques de US$ 80,8 millones. El acuerdo financiero entre el gobierno colombiano y las operadoras fue histórico, ya que permitirá la llegada de una tecnología que multiplica hasta 50 veces la velocidad de subida en Internet.

Si bien, la subasta de la red 5G llegó tarde a Colombia en comparación a otros países, Bravo considera que la decisión redujo el precio del espectro. Hasta entonces, Colombia disputaba con México el dudoso honor de mantener los precios más caros, lo que se traduce en un Internet más lento y menor conectividad. “Aunque se hizo una asignación de la banda de 3.5 GHz que no va con los estándares internacionales, para que entrara la brasileña Telecall como cuarto competidor”, dijo Bravo.

Esta segmentación de banda dejaría en desventaja a todos los operadores, porque la red 5G necesita mucha velocidad, capacidad y latencia. “Y ahora que entra un nuevo operador, este desafiará aún más en términos competitivos, un mercado de por sí fragmentado”. Pese a que la subasta se dio el mes pasado, recién este 23 de febrero, se liberarán las licencias del espectro 5G para su uso comercial.