Entre los motivos del cierre definitivo se encuentran la falta de reservas económicas, así como el embargo de los acreedores que ha forzado la devolución de múltiples aeronaves. 

La aerolínea low cost Viva Air entrará finalmente en liquidación, menos de un mes después de ser admitida en proceso de reorganización empresarial, según ha informado la Superintendencia de Sociedades (el órgano administrativo encargado de supervisar las buenas prácticas de las empresas en Colombia)

Durante este proceso, que era la última opción para salvar su negocio, la aerolínea colombiana ha recibido numerosas notificaciones sobre la imposición de medidas cautelares sobre sus activos y la exigibilidad de garantías otorgadas. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades ha concluido que no existe un activo disponible para operar.

Entre los motivos para entrar en liquidación ha pesado la situación de la caja de Viva Air, que está "absolutamente resquebrajada". Además, los embargos y otras presiones ejercidas por los acreedores redujeron la posibilidad de gestionar los activos y los arrendadores de aeronaves han cancelado los contratos, exigiendo la devolución inmediata de aeronaves.

Este escenario final para Viva Air, que supondrá su total desaparición, ha surgido a raíz del fracaso intento de integración con Avianca, que desistía del proceso de absorción por las condiciones presentadas por la Aeronáutica Civil de Colombia (el organismo estatal encargado del control y regulación de la aviación en el país). A su juicio, estas imposibilitaban la viabilidad de la aerolínea 'low cost' e incluso podrían afectar a la estabilidad de Avianca.

Derivado de esta situación financiera, Viva Air ha transmitido recientemente a sus más de 700 empleados que no ha conseguido los recursos necesarios para pagar las nóminas, así como la cobertura de póliza de salud.

Así, el órgano supervisor ha tildado como "urgente" que se protejan los pocos activos de Viva Air a efectos de procurar el pago ordenado de sus deudas hasta donde ello resulte posible, protegiendo fundamentalmente los intereses de los acreedores más vulnerables, como es el caso de los trabajadores.