De acuerdo con la visión de la entidad de análisis, la estabilidad regulatoria será clave a medida que se invierte en generación de infraestructura de servicios públicos y energía.

Moody’s Investors Service publicó hoy un informe que analiza el incremento del riesgo de intervención gubernamental en el marco regulatorio del sector energético latinoamericano (generación no regulada, transmisión regulada y distribución regulada).

De acuerdo con el análisis, la suba en los precios de los combustibles ha derivado en un alza de los costos de energía, lo que que resulta políticamente difícil de manejar para los gobiernos en toda la región. La visión de Moody’s es que la estabilidad regulatoria será clave a medida que se invierte en generación de infraestructura de servicios públicos y energía.

ESTABILIDAD VERSUS INJERENCIA

La generación de electricidad tiene una exposición particularmente alta a la energía hidroeléctrica en Brasil y Colombia.

Por eso ha aumentado el riesgo de interferencia política en los mecanismos de fijación de precios de la energía para tratar de moderar la presión sobre los contribuyentes.

Los regímenes regulatorios en América Latina respaldan a las empresas de servicios públicos de energía en general, y los fundamentos del sector prácticamente no han cambiado, lo que permite a los productores de energía recuperar sus costos, incluso con algunos retrasos ocasionales.

Los precios del gas natural han disminuido desde los picos de 2022 después de la invasión rusa de Ucrania, beneficiando a los países que dependen más de las centrales térmicas a gas, como Chile y México. De todos modos, aún persiste una alta inflación que agrava el descontento social, pero la presión inflacionaria ha comenzado a retroceder gradualmente en América Latina.

Esta recuperación de los costos pasados continuará reduciendo las tarifas hasta 2024.

Las tarifas de transmisión generalmente estarían indexadas a la inflación y, en algunas jurisdicciones, como Chile, una parte de la tarifa está denominada en dólares, lo que permite a las empresas de servicios públicos remunerar sus inversiones incluso si las tasas de cambio son desfavorables.

Las tarifas de distribución permiten que las empresas de servicios públicos transfieran los costos de adquisición y generación y garantizan los márgenes de transmisión y distribución, así como el retorno de la inversión. 

Debido a que el segmento de distribución está directamente expuesto a los consumidores finales, tiende a ser más sensible a los ojos de los reguladores y legisladores. Y si bien las tarifas reguladas generalmente permiten que las empresas de distribución transfieran sus costos de generación a los consumidores, la mayor interferencia del gobierno a veces dificulta la capacidad de las empresas eléctricas para recuperar sus costos de manera oportuna.

Por el contrario, las tarifas de transmisión son un componente menor de las facturas de electricidad, lo que deja a este segmento menos expuesto a interferencias o cambios de política.

Lo más probable es que la demanda de electricidad de América Latina continúe expandiéndose en 2023-24, pero lo hará más lentamente, en línea con la desaceleración económica general de la región.

TRANSICIÓN Y FINANCIAMIENTO

Si bien las tasas de crecimiento del PIB más bajas reducirán la necesidad de América Latina de aumentar rápidamente la capacidad instalada de generación de energía, la transición a una matriz energética más limpia seguirá atrayendo inversiones en el sector eléctrico, por ende, el gasto de capital en infraestructura de transmisión se mantendrá alto en los próximos años, particularmente en los países más enfocados en reducir la exposición al carbono.

La estabilidad regulatoria seguirá siendo crucial para respaldar las necesidades de inversión de las empresas de transmisión de la región.

Una regulación eficaz no solo fomentaría el crecimiento de las energías renovables, sino que también mejoraría la difusión de la infraestructura necesaria para la transición energética, incluidas redes sólidas de transmisión y distribución que pueden manejar un suministro de energía inherentemente más volátil e inestable que los sistemas térmicos. El rápido desarrollo de las baterías y otras fuentes renovables no convencionales, como el hidrógeno verde, impulsará la inversión en el sector, al tiempo que transformará la dinámica de precios del mercado.

El entorno de financiación seguirá tenso en América Latina. "Esperamos que las tasas de interés se mantengan altas por más tiempo, en parte para controlar la inflación. Las tasas de política de los bancos centrales en la mayoría de los países de América Latina se han estabilizado, aunque en niveles más altos que en la última década; comenta la entidad.

ARGENTINA, EL MAS EXPUESTO

En un enfoque por país, Moody’s señala que en Argentina el riesgo en los tres sectores de energía antes mencionados es el más alto de la región, con precios de energía subsidiados completamente desacoplados del costo de la generación eléctrica. Más aún, el riesgo más serio para este país tiene que ver con la incesante inflación y la escasez de fondos gubernamentales para hacer frente a los crecientes subsidios a la energía.

Tanto en Colombia como en México, los gobiernos han demostrado mayor interés en intervenir en asuntos regulatorios.

En el caso mexicano, Moody's considera que hay una reversión de las iniciativas de liberalización del mercado que buscan restablecer el dominio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector. El gobierno ha amplificado el dominio de CFE en el sector de generación, así como su dependencia del apoyo financiero del gobierno federal. Debido a que CFE es un emisor de gobierno y que tiene poder de monopolio en México, es más probable que la intervención del gobierno perjudique a los operadores privados en el mercado.

"A pesar de las amenazas a la estabilidad institucional del marco regulatorio de México para los operadores privados, el sistema judicial ha sido sólido, con jueces revocando algunos casos más firmes de interferencia del gobierno", señala Moody's.

Respecto de Brasil, a pesar de que el país ha hecho esfuerzos significativos por modernizar su mercado eléctrico, las señales de intervención aumentan al acercarse una renovación de diferentes concesiones en el sector en 2025, además de que un mercado en crecimiento pondrá a prueba el marco regulatorio actual.  

Chile ha tenido durante mucho tiempo un régimen regulatorio en evolución que en general ha beneficiado a sus empresas eléctricas, pero la condiciones del mercado representan el mayor riesgo para el sector en el país.

Mientras que en Perú, aún con condiciones sociales volátiles, el marco regulatorio se ha mantenido estable, en parte gracias a las abundantes reservas de gas natural y menos interferencia política que sus pares, lo que ha sido un beneficio para la calidad crediticia de las empresas calificadas que operan allí.

El gas natural de la cuenca de Camisea está fácilmente disponible para la generación de energía en Perú, junto con abundantes recursos hidroeléctricos, los cuales ayudan a apuntalar los bajos precios de la electricidad, aliviando las preocupaciones sociales y la tensión social sobre la asequibilidad de la energía.

Un crecimiento inferior al esperado en la demanda industrial y minera también ha ayudado a mantener bajos los precios de la energía en el país.

Mientras tanto, los sectores regulados de distribución y transmisión de Perú se benefician de tasas aceptables de retorno de la inversión—alrededor del 12%, antes de impuestos—además de mecanismos de actualización periódica de tarifas que permiten una recuperación de costos suficiente y oportuna para esos sectores.

Para respaldar el creciente crecimiento de la demanda de electricidad, principalmente de clientes residenciales, el gobierno continúa impulsando una tubería de infraestructura de transmisión sólida bajo modelos locales de asociación público-privada: la agencia Pro Inversión del gobierno llevará a cabo subastas públicas para adjudicar casi US$ 2.100 millones en proyectos greenfield de infraestructura de transmisión durante 2022-26.

"Aún así, la aversión al riesgo de los inversionistas ha frenado el progreso de Perú en su agenda de infraestructura. Ciertas empresas diversificadas de generación de energía como Enel Americas ( claificada como Baa2 estable) están dejando Perú para enfocarse en otros mercados, y existe el riesgo de que otros los sigan", concluye el reporte de Moody's.