Este cambio busca reducir los tiempos de espera y acelerar la toma de decisiones para la reactivación de las obras. Enfatiza la urgencia en la contratación para la reactivación de obras bajo la Ley de Contrataciones del Estado.
El Ejecutivo peruano publicó hoy el Decreto Legislativo Nº 1636 destinado a reactivar las obras públicas paralizadas al modificar la Ley Nº 31589, a fin de agilizar y simplificar la reactivación de proyectos paralizados, permitiendo una respuesta más efectiva a las necesidades de infraestructura pública.
Con ello, se busca incorporar medidas que optimicen la reactivación de obras que forman parte del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI).
La norma publicada en el boletín del Diario Oficial El Peruano, de este modo, agiliza la elaboración de informes sobre el estado de las obras paralizadas.
Los titulares de las entidades podrán solicitar la elaboración de estos informes a las Unidades Ejecutoras de Inversión (UEI), inspectores o supervisores, o contratar estos servicios directamente si se considera de necesidad urgente.
Este cambio busca reducir los tiempos de espera y acelerar la toma de decisiones para la reactivación de las obras. Enfatiza la urgencia en la contratación para la reactivación de obras bajo la Ley de Contrataciones del Estado.
Se permite la contratación directa para la elaboración de expedientes técnicos y la ejecución de saldos de obra, así como para la supervisión, cuando estas actividades se consideran esenciales para la continuidad de los proyectos.
Esto incluye la posibilidad de invitar a los postores previos o contratar directamente con proveedores. Además, establece medidas específicas para la reactivación de obras ejecutadas bajo la modalidad de Administración Directa, permitiendo la contratación de la elaboración y supervisión de expedientes técnicos hasta un monto específico mediante procedimientos especiales.
Finalmente, regula un procedimiento especial de selección para estas contrataciones, con reglas adaptadas para simplificar y acelerar el proceso. Así, se busca hacer más eficiente la adjudicación y ejecución de los contratos, mejorando la transparencia y reduciendo los tiempos burocráticos.
