El país, cuyas ventas mineras representan el 60% del total de sus exportaciones, tiene proyectos pendientes por unos US$ 53.000 millones, de los cuales un 70% son de cobre.

El Gobierno de Perú se comprometió a no caer en el "caos y desorden" para encarrilar la inversión minera luego de meses de protestas, incluso cuando líderes de la industria reclaman estabilidad política y reglas "claras" para reactivar millonarios proyectos en el segundo mayor productor mundial de cobre.

En el inicio de una conferencia minera esta semana en la ciudad andina de Arequipa, el primer ministro, Alberto Otárola, habló de las preocupaciones del sector en torno a la gobernabilidad y las recientes protestas sociales en el país, que espera este año una caída del 18% de su inversión minera.

"No vamos a permitir que el país caiga en el caos, en el desorden y la inseguridad", dijo el martes ante cientos de empresarios, a quienes garantizó que el Gobierno está trabajando para simplificar los procesos de certificación ambiental minera.

Al respecto, importantes ejecutivos del sector dijeron que si bien las cosas mejoraron desde las grandes protestas de inicios de año, la gobernanza seguía débil y algunas normas como la limitación del uso de "contratistas" en las operaciones mineras son un obstáculo para una mayor inyección de capitales.

"Hay un cambio sustancial y positivo respecto al gobierno anterior, pero hay una preocupación porque no se tiene mucha claridad respecto hacia donde va el nuevo gobierno", señaló Raúl Jacob, vicepresidente de finanzas de Southern Copper, la tercera mayor productora de cobre del país andino.

Jacob citó por ejemplo la ley promovida por el Congreso que restringe tener "contratistas" en las operaciones mineras. "Se frenó la norma con acciones legales, pero este gobierno debería derogarla para dar señales de tranquilidad al sector", indicó.

La producción de cobre de Perú registra una recuperación este año, pero otros rubros como la manufactura y el consumo han caído y el Gobierno ha revisado fuerte a la baja su proyección de crecimiento para este año.

La presidente Dina Boluarte asumió al poder en diciembre tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal de cerrar un desacreditado Congreso. 

En los últimos cinco años, el país ha visto transitar a seis presidentes y a tres congresos, en medio de una constante pugna de poderes, denuncias de corrupción e incertidumbre política.

Boluarte "no tiene una bancada en el Congreso, no tiene soporte (popularidad) en la población", dijo Jacob de Southern Copper, controlado por el Grupo México.

RIESGOS Y RETOS

En la misma conferencia, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, dijo que el Gobierno ha "destrabado" este año nueve proyectos, de 13 programados hasta diciembre; aunque todos son ampliaciones o medianos emprendimientos en fase de desarrollo.

La última gran inversión en Perú fue de Anglo American en su proyecto Quellaveco, con US$ 5.000 millones, que entró en operación en el 2022 y que ha ayudado este año a amortiguar las cifras de producción de cobre.

Perú, cuyas ventas mineras representan el 60% del total de sus exportaciones, tiene proyectos pendientes por unos US$ 53.000 millones, de los cuales un 70% son de cobre.

Para Víctor Gobitz, presidente de Antamina -la mayor mina de cobre en Perú controlada por Glencore, BHP, Teck y Mitsubishi-, la constante turbulencia política influye sobre todo en la inversión "greenfield".

"Para las nuevas minas el riesgo político y la falta de una política minera clara es clave", dijo el ejecutivo en una entrevista telefónica, en referencia a los plazos largos para obtener una concesión y el acceso a tierras porque "no sabemos si los acuerdos se van a respetar" debido a los conflictos.

El ejecutivo, líder además del gremio de empresarios de la industria (SNMPE), afirmó que para los proyectos "brownfield" o los que buscan reinvertir en ampliaciones de minas, lo que falta es agilidad en la aprobación de los trámites oficiales.

Gobitz dijo que una política minera debe considerar también el desarrollo de zonas donde se ubican los yacimientos mineros. "El desarrollo territorial es clave" para evitar conflictos de comunidades que buscan bienestar por la explotación de recursos.

"Perú ha venido creciendo y eso es bueno, pero a nivel institucional no hemos crecido a esa misma velocidad, con nivel de madurez política", dijo el ejecutivo. "Tenemos un sistema político fragmentado, que pasa su factura al país entero".