Documento presentado a los candidatos presidenciales afirma que el sistema antilavado atraviesa dificultades.

Un informe presentado por el sindicato bancario (AEBU) advierte que el combate al lavado de activos todavía continúa pendiente en Uruguay. Recomienda que haya más intercambio de información con países de la región y un mayor control a las criptomonedas, entre otras acciones para frenar el avance de actividades ilegales.

El documento Un sistema financiero con perspectiva de desarrollo, transparencia y compromiso con el país charrúa fue presentado a los candidatos presidenciales y uno de los temas que aborda es el del lavado de activos.

Tomando datos de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) muestra cómo los reportes de operaciones sospechosas (ROS) se desaceleraron en los últimos años, tanto para los sujetos obligados financieros como los no financieros.

Recuerda que la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central de Uruguay (BCU) analiza los ROS recibidos y cuando de la evaluación se concluye que puede existir alguna vinculación con una actividad relacionada con el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo, el caso se presenta ante la Fiscalía para el comienzo de una investigación. Y si ella avanza se procede a la persecución penal de los presuntamente involucrados en los hechos de apariencia delictiva.

Sin embargo, el sindicato bancario advierte que los casos puestos en conocimiento de la Fiscalía por la UIAF son mínimos. En 2022 fueron 12 y 17 en 2023.

El documento añade que durante el año pasado solo se registraron dos condenas por lavado de activos y ambas fueron a través de procesos abreviados. “Estas cifras reflejan las dificultades que atraviesa el sistema anti lavado en Uruguay”, expresa. En ese sentido complementa que la mayor presencia del crimen organizado en simultáneo con tan pocas condenas por lavado de activos no resulta lógica.

AMENAZAS Y PROPUESTAS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS

La última Evaluación Nacional de Riesgos que elaboró la Senaclaft en Uruguay mencionó una serie de amenazas para el sistema, como la falta de casos judicializados por lavado de activos o los obstáculos en la coordinación entre las autoridades, generados tanto por normativas de confidencialidad y protección de datos personales como por restricciones presupuestarias.

La misma evaluación mencionó que el narcotráfico sigue siendo una de las principales amenazas en la lucha contra el lavado de activos en el país. “Uruguay ha dejado de ser simplemente un país de tránsito de drogas y ahora se ha convertido también en un lugar de acopio y producción de estupefacientes”, indica AEBU.

El texto menciona que la estafa es el segundo delito sobre el que existen investigaciones por lavado de activos realizadas por la Policía. “Sin embargo, ellos no se refleja en las estadísticas de imputaciones ni en sentencia judiciales relevantes por lavado de activos”, dice.

La evaluación de riesgos de la Seclaft advirtió sobre la insuficiencia de recursos humanos, tecnológicos y humanos en todas las oficinas públicas que cumplen un papel en el combate contra el lavado de activos.

En comparación con otros países de la región se destinan mayores recursos a las unidades de inteligencia financiera y fiscalías especializadas que redundan en una mayor capacidad para investigar y procesar casos de lavado de activos.

El sindicato bancario elaboró una serie de candidatos que envió a los candidatos para las elecciones del 27 de octubre. Allí marcó la necesidad de aumentar los recursos para que la Senaclaft y la UIAF mejoren su capacidad operativa y tecnológica.

El incremento de recursos no tiene que ser solamente presupuestario; debe incluir el fortalecimiento de la infraestructura, la estructura organizacional y el personal dedicado a la lucha contra el lavado de activos.

Hay una primera característica de la que abusan predominantemente los lavadores de activos en efectivo y los instrumentos negociables al portador. Ante eso, AEBU expone la necesidad de revisar artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que permiten realizar negocios con mayores cantidades de efectivo. Esas disposiciones, agrega, facilitan las operaciones de lavado de dinero y dificultan la detección de actividades ilícitas.

En otro punto señala que se debe limitar el uso de procesos judiciales abreviados para permitir así investigaciones más exhaustivas que puedan rastrear el origen y destino de los fondos involucrados.

El sindicato también incluye a las monedas virtuales como un factor de riesgo. Expone que es necesario crear un marco regulatorio específico para la supervisión y control de las criptomonedas. “Este marco debe incluir medidas para asegurar la transparencia y la trazabilidad de las transacciones con estos activos financieros, sin frenar la tecnología”, afirma.

También que la cooperación internacional es otro pilar en la lucha contra el lavado de activos. Por eso se vuelve fundamental fortalecer el intercambio de información con otros países y organismos internacionales que permitan al país adoptar mejores prácticas y beneficiarse de experiencias globales.

El informe concluye que aunque Uruguay ha dado pasos importantes en la lucha contra el lavado de activos que le permitieron superar la muy mala imagen que tuvo hasta 2004, el sistema actual presenta varias deficiencias que deben ser abordadas de manera urgente.

“La implementación de las medidas propuestas permitirá no solo fortalecer la capacidad del país para detectar y prevenir el lavado de activos, sino también para mejorar su posición en la comunidad internacional y proteger la integridad de su sistema financiero”, asegura.