La comisión de Defensa de la Competencia denegó por segunda vez la solicitud de concentración económica y la decisión solo puede ser revocada por el Poder Ejecutivo.

El plan de expansión de Minerva Foods en Uruguay con la compra de frigoríficos de Marfrig recibió una nueva negativa de la Comisión de Defensa de la Competencia que reiteró sus objeciones a la concentración económica de la operación. Ahora, esa decisión solo puede ser modificada por el Poder Ejecutivo.

El año pasado el grupo brasileño Minerva anunció su intención de adquirir el 100% de las acciones de los frigoríficos Inaler, La Caballada y Colonia, propiedad de su competidor Marfrig.

El volumen de la operación requería que la Comisión de Defensa de la Competencia –órgano desconcentrado del Ministerio de Economía- autorizara la transacción.

En la solicitud las compañías brasileñas plantearon que era una concentración horizontal en la que se identificaban dos mercados relevantes. Uno era el de compraventa de ganado en pie incluyendo la exportación; el otro, el de venta de carne vacuna en Uruguay. También expusieron que existía un bajo nivel de concentración en esos mercados, en los que era factible la expansión de competidores.

La decisión se conoció el 20 de mayo y fue desfavorable para los intereses de las compañías.

La comisión explicó que el sector frigorífico había experimentado una creciente y reciente concentración, algo que la operación reforzaría al realizarse entre grupos económicos con varias plantas de faena de ganado en Uruguay.

El grupo Minerva es propietario de Frigorífico Carrasco, Frigorífico Canelones, PUL y Breeders & Packers (BPU). Marfrig, además de las tres plantas incluidas en la transacción, es dueño de Frigorífico Tacuarembó.

La resolución indicó que la operación propuesta implicaría un aumento sustancial en el poder de compra de Minerva en el mercado de compraventa de hacienda de ganado y la limitación de capacidad de competencia de Marfrig en ese mercado.

Añadió que la transacción aumentaría el grado de concentración de mercado lo que le permitiría a Minerva alcanzar una posición dominante.

La comisión entendió que se desprendía con “meridiana claridad y contundencia que la operación daría lugar a la creación de una posición dominante y a un mercado altamente concentrado, en el que solo una empresa dispondría de poder de mercado y de la aptitud para limitar, distorsionar o reducir sustancialmente la competencia, existiendo además barreras a la entrada de nuevos competidores”.

Con ese argumento y otras consideraciones denegó la solicitud de concentración económica planteada por las dos compañías.

La resolución marcó el comienzo de una segunda etapa. La ley 15.869 de recursos administrativos plantea que las partes involucradas pueden impugnar la resolución con una solicitud de revocación dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Complementa que de manera simultánea debe interponerse un recurso jerárquico.

Minerva y Marfrig tomaron la opción de la apelación y el tema volvió a la comisión para revisión. La ley establece un plazo de 150 días para que la resolución sea ratificada o rectificada.

El viernes 25 de octubre la Comisión de Defensa de la Competencia emitió una nueva resolución y confirmó la decisión anterior en todos sus términos.

Según informó Blasina y Asociados el texto expresa que de concretarse la operación, Minerva conseguiría una posición dominante en el mercado, con una participación de 43,5%, con el poder de compra consecuente.

También se reduciría la capacidad competitiva de Marfrig que no sería compensada de ninguna forma. Además se generaría un mercado altamente concentrado con posición dominante de una empresa (Minerva).

Con la segunda negativa de la comisión se activa el recurso simultáneo que establece la ley y que se presenta ante el Poder Ejecutivo. El plazo estipulado es de 50 días.

Si el gobierno percibe que la actuación de la comisión fue correcta todo queda igual y se desestima el pedido de concentración económica. Pero si entiende que fue incorrecta tiene la potestad de revocar y autorizar la compra de frigoríficos sin ninguna otra revisión.

La decisión del Poder Ejecutivo se conocerá a mediados de diciembre.

Un grupo inversor en las dos empresas

Un informe jurídico de la comisión que se tomó en cuenta para denegar la compra de frigoríficos señaló la participación de un grupo inversor en los negocios de Minerva y Marfrig: la Compañía Saudí de Inversión Agrícola y Ganadera (Salic).

Este grupo comenzó su actividad inversora en 2012 con empresas globales dedicadas a la agricultura, los cereales, el arroz y la carne en Ucrania, Canadá, India, Australia, Brasil y Singapur.

Salic posee el 30,55% del paquete accionario de Minerva y también el 10,7% de BRF, grupo brasileño dedicado a la alimentación con presencia en 30 mercados internacionales.

A fines de 2023, Marfrig Global Foods amplió su participación en BRF y se quedó con la porción mayoritaria al adquirir el 50,06% de las acciones.

El informe técnico de la comisión indicó que de la estructura accionaria “surge que la relación entre Minerva, Marfrig y BRF se produce fundamentalmente porque Salic es inversor tanto en Minerva como en BRF, cuya participación mayoritaria pertenece a Marfrig”.

Entonces, eso constituía un “elemento que puede facilitar la comunicación entre las empresas y un incentivo para suavizar la competencia entre Minerva y Marfrig”.