En noviembre pasado finalizó el plazo para la regularización del sector camaronero, que se inició en octubre del 2008 y aún no se conocen los resultados oficiales sobre la legalización.

Quito. La falta de un marco legal claro provocó que 450 camaroneras equivalentes a 12.864 hectáreas no pudieran regularizarse, durante el proceso que se inició en octubre del 2008 y se extendió hasta noviembre del 2011.

Según José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, estas camaroneras tenían vencidos sus permisos de concesión y el tenerlo vigente no figuraba entre las condiciones para la regularización.

El Decreto Ejecutivo 1391, emitido en octubre del 2008, menciona tres condiciones para que las camaroneras puedan acogerse al proceso de regularización: para aquellas que se extendieron de sus áreas de concesión; para los propietarios de piscinas que no cuentan con ningún tipo de acuerdo, y las que están ubicadas en zonas de playa y bahías.

“El espíritu del Decreto 1391 es regularizar a todos e incluso fue un pedido que el mismo sector camaronero realizó. Se está permitiendo que quien no tuvo nunca un papel se regularice, por qué no permitirle a aquel que sí tuvo un papel del Estado, aunque esté vencido, sí pueda hacerlo”, manifestó Camposano.

Para el representante del gremio el problema se genera por un supuesto vacío en la norma y que ha sido sujeta a diferentes interpretaciones entre las autoridades encargadas de la regularización como son: la Dirección de Espacios Acuáticos (Dirnea), la Subsecretaría de Acuacultura y los ministerios de Patrimonio y Ambiente, que son los organismos que conforman el cómite de regularización del sector.

En mayo pasado la Dirnea envió una carta a la ministra de Patrimonio, para informar que quienes tienen sus concesiones caducadas pretendían renovarlas. Pero no poseían el marco legal para hacerlo, porque solicitaban a la autoridad que defina qué hacer.

Sin embargo, el pasado 2 de diciembre, la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, respondió que “quienes se encuentren con acuerdos vencidos debieron realizar su petición dentro del plazo establecido”, pues una caducidad del permiso deja en cero a los acuicultores, dejándolos con la facultad de poder regularizarse.

Pero esta respuesta para Oswin Crespo, presidente de la Asociación de Camaroneros de Pedernales, se dio fuera de tiempo, porque el proceso ya había culminado y la Dirnea a parte de no regularizarlos por no existir reglas claras, también suspendió la emisión de acuerdos ministeriales para renovar los permisos este año.

Christian Fontaine, presidente de la Cooperativa de Camaroneros del norte de Manabí, afirmó que esa “poca claridad mantiene en el limbo a los camaroneros, pues no saben en qué momento la Subsecretaría emitirá las notificaciones de desalojo.

“Dijeron que la regularización iba a ser para todos, por eso fuimos una de las primeras cooperativas en recurrir al proceso”, mencionó Fontaine, quien afirmó que el inconveniente aún ha impedido que unas 500 de las 6.000 hectáreas que pertenecen a sus agremiados puedan regularizarse.

Este medio intentó contactar a la subsecretaria de Acuacultura, Priscila Duarte, pero su relacionador público indicó que enviáramos las preguntas por correo electrónico, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta sobre el proceso y las notificaciones de desalojos que ella ha emitido para dos acuicultores de Pedernales, donde el pasado jueves se registraron incidentes para evitar que dichas acciones se ejecuten el próximo miércoles fecha en que vence el plazo.

Lo que se sabe

Proceso. En el Decreto 1391 se establecía que 44.642 hectáreas no disponen de concesión y por ello se pide a los concesionarios irregulares cumplir ciertos requisitos para acceder a la formalización. No se incluían a los que tenían concesiones caducadas.

Requisitos. Entre los requisitos las camaroneras debían tener una infraestructura totalmente construida, en plena operación.

Reforestar a costo del propietario. Hasta 10 hectáreas, la reforestación será del 10%; de 11 a 50 ha, del 20%; y de 51 a 250 ha, del 30%, y se cumplirá en un año, contado desde la fecha en que se inicie el trámite de regularización.

Se establece la tarifa por ocupación de zona de playa y bahía para el cultivo de especies bioacuáticas en $ 25 por ha, pero las primeras 10 ha no tendrán costo. Además, prohíbe otorgar nuevas concesiones en áreas de manglares.

Resultados. De este proceso se conoce oficialmente que hasta junio se habían regularizado 10 mil hectáreas de 44.642.