Las demandas para pagos de la cuenta de Novo Banco totalizan casi US$ 600 millones. Las medidas representan un nuevo frente en los esfuerzos que llevan años para cobrar las deudas a Venezuela.

Los acreedores de la petrolera estatal venezolana PDVSA apuntan a fondos mantenidos en las cuentas de la empresa en el Novo Banco, de Portugal, en un esfuerzo por cobrar las deudas impagas.

El banco puertorriqueño BSJI obtuvo en julio una orden de un tribunal de Lisboa para incautar los fondos retenidos en Novo Banco en compensación por el incumplimiento de PDVSA de un acuerdo crediticio con el banco en 2018, según documentos judiciales vistos por Reuters.

El fabricante estadounidense de vidrio O-I Glass Inc y la petrolera con sede en Houston ConocoPhillips han solicitado órdenes similares para cobrar los laudos arbitrales por la nacionalización de sus activos, según una fuente con conocimiento directo de la situación.

Las demandas para pagos de la cuenta de Novo Banco totalizan casi US$ 600 millones, dijo la fuente, quien habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado a comentar públicamente.

Las medidas representan un nuevo frente en los esfuerzos que llevan años para cobrar las deudas a Venezuela, que lucha con una economía hiperinflacionaria y las sanciones estadounidenses destinadas a presionar la salida del presidente Nicolás Maduro y que cortaron gran parte de su acceso al sistema financiero estadounidense.

Bajo el gobierno de Maduro se produjo un colapso económico en la otrora próspera nación de la OPEP y ha incumplido el pago de más de US$ 60.000 millones en bonos. Debe miles de millones más en laudos arbitrales.

BSJI ganó en noviembre una sentencia de US$ 83,9 millones contra PDVSA en una demanda en Reino Unido, donde había acordado con la petrolera venezolana resolver sus disputas, según un documento judicial británico. El tribunal desestimó el argumento de PDVSA de que no podía pagar debido a las sanciones de Estados Unidos, según el documento.

Un juez de distrito de Lisboa otorgó el 8 de julio a BSJI el derecho a incautar los fondos retenidos en Novo Banco, citando la decisión del tribunal británico, según un documento judicial portugués.

En esa decisión se señaló que "otros acreedores internacionales buscan satisfacer sus créditos con los montos depositados en Novo Banco", sin dar más detalles.

BSJI obtuvo en diciembre una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que da cumplimiento a las sanciones, que le permitió recibir fondos de PDVSA para cobrar deudas pendientes, según una copia de la licencia vista por Reuters.

No se había informado previamente sobre el fallo del 8 de julio a favor de BSJI ni los detalles de la licencia OFAC del banco.

"BSJI se compromete a reivindicar sus derechos legales, sin importar la contraparte, el foro legal en el que nos encontremos o cualquier otro obstáculo", dijo el asesor general de BSJI, Eric Bloom, en un comunicado.

Ni PDVSA ni los ministerios de Información o de Petróleo de Venezuela respondieron a las solicitudes de comentarios.

Reuters no pudo determinar de inmediato si OI Glass, que busca cobrar un laudo arbitral de 500 millones de dólares por la expropiación de dos plantas en Venezuela en 2010, ni ConocoPhillips, que tiene una indemnización de US$ 8.500 millones relacionada con la expropiación de sus activos en 2007, había obtenido ordenes de un tribunal en Portugal.

O-I Glass y ConocoPhillips declinaron hacer comentarios.

En 2017, O-I vendió su adjudicación a un fondo de inversión irlandés no identificado por US$ 115 millones, pero puede recibir pagos adicionales si el fondo logra cobrar, según muestran los documentos presentados por la compañía.

En octubre del 2020, un tribunal portugués extendió un congelamiento en la cuenta de PDVSA en Novo Banco debido al riesgo de malversación, lavado de dinero u otros delitos financieros, lo que significa que no está claro cuándo BSJI u otros acreedores podrán cobrar.

El banco en febrero de 2019 bloqueó un intento del gobierno de Maduro de transferir los fondos a bancos en Uruguay, según el legislador opositor venezolano Carlos Paparoni.