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Acusan que aprobación de glifosato busca beneficiar a corporaciones como Monsanto
Miércoles, Noviembre 29, 2017 - 09:40

La controversia en torno al glifosato, cuyo uso seguirá siendo autorizado en la UE por cinco años más, también tiene eco en América Latina. Alexander Naranjo, de Acción Ecológica de Ecuador, se mostró decepcionado.

La decisión de la Unión Europea de prolongar por cinco años la autorización del uso del glifosato, ha provocado polémica. En Alemania, desató un notorio altercado dentro de la coalición de gobierno en funciones, debido a que el ministro germano de agricultura voto a favor, pasando por alto la negativa de la ministra de Medio Ambiente. En Francia, país que junto a Bélgica, Italia, Austria y otros se pronunció en contra de la prórroga, el presidente Emmanuel Macron afirmó que el herbicida será prohibido a nivel nacional como máximo en tres años.

En América Latina también se han sentido las repercusiones. Por ejemplo, en Colombia se desató una discusión en el Senado, donde el conservador Hernán Andrade comentó que "la Unión Europea que es lo civilizado, lo moderno, da ese plazo, y nosotros en aras de favorecer el narcotráfico, prohibimos la fumigación". El senador del Polo Democrático Iván Cepeda consideró, en cambio, que "esa decisión no debe alterar el hecho de que en Colombia se prohíba la fumigación aérea con glifosato”, según consigna el portal de RCN.

De todos modos, el paso de la UE decepciona a ambientalistas que llevan largo tiempo advirtiendo del impacto negativo del uso de ese herbicida de amplio espectro. "A nosotros, como Acción Ecológica, como investigadores en el tema de soberanía alimentaria, nos parece que la aprobación del glifosato no corresponde a un interés general, sino al de las corporaciones como Monsanto”, señala Alexander Naranjo, autor con Elizabeth Bravo del estudio "América Latina fumigada y crisis de las commodities. El caso del glifosato de Monsanto”, publicado por la Universidad Nacional de Colombia.

La expansión transgénica en el Cono Sur. El texto hace notar que en el Cono Sur de América se siembra una tercera parte de las semillas transgénicas del mundo, y la expansión de esos cultivos va de la mano del incremento del uso del glifosato, al que son resistentes dichas plantas. A la cabeza van Argentina y Brasil. En otros países, como Chile y Costa Rica, solo se producen semillas transgénicas para el mercado internacional, mientras que Ecuador se declaró "libre de cultivos y semillas transgénicas” y en Perú se decretó una moratoria de 10 años. Eso puede influir en el volumen empleado de glifosato, pero no implica que no se utilice.

"El glifosato, para Ecuador y para muchos otros países, es el principal agrotóxico vendido”, dice Naranjo. Pero aclara que "ya no es exclusividad de Monsanto, sino que incluso ya lo producen en Argentina para el uso a nivel nacional”. De hecho, desde que caducó la patente del principio activo que tenía Monsanto, cualquier país podría producir glifosato, indica el experto de Acción Ecológica, de Ecuador. A nivel internacional, China se ha convertido ya en el principal productor y sus exportaciones representan el 35% del total mundial, según menciona el estudio de Naranjo y Bravo.

Veredictos disímiles. Pese a toda la polémica, a la resistencia de organizaciones civiles y ambientalistas y a diversos estudios, que atribuyen al herbicida un impacto negativo en la salud humana, el glifosato dista de  batirse en retirada. Quizá porque el juicio acerca de su peligrosidad no ha sido concluyente. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria no considera que su uso conlleve riesgos y la Agencia europea de productos químicos (ECHA) concluyó en 2017 que "en base a la información disponible no hay evidencias para vincular el glifosato con el cáncer en humanos".

En cambio, un  dictamen hecho público en 2015 por la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer (IARC), entidad asociada a la Organización Mundial de la Salud, califica al glifosato de "probable cancerígeno”. "Nos parecía que era una resolución muy importante y que debía ser acatada”, señala Naranjo. A su juicio, es un asunto de "políticas públicas y los gobiernos han hecho caso omiso a los pronunciamientos de la sociedad civil y de las comunidades afectadas; eso ha sido terrible”.

Autores

Deutsche Welle