Los trabajadores amenazaron al Grupo Unidos por el Canal (GUPC), integrado por la española Sacyr, la italiana Salini Impregilo y la belga Jan de Nul, con detener sus actividades este miércoles de manera indefinida.

Ciudad de Panamá. La Administración del Canal de Panamá (ACP) instó este lunes a sindicatos y empresas del consorcio que construye el tercer juego de esclusas de la vía interoceánica a alcanzar un acuerdo "inmediato" para evitar una huelga que paralice de nuevo las obras.

Los trabajadores amenazaron al Grupo Unidos por el Canal (GUPC), integrado por la española Sacyr, la italiana Salini Impregilo y la belga Jan de Nul, con detener sus actividades este miércoles de manera indefinida si no se efectúan las alzas salariales estipuladas en el convenio colectivo.

"El país ya no aguanta una huelga más en el proyecto de ampliación del Canal", dijo Jorge Quijano, presidente de la entidad que administra el Canal, en conferencia de prensa.

El consorcio GUPC dijo la semana pasada que el aumento de sueldos del 8,9% a partir de julio que reclama el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) no forma parte del contrato firmado en 2014 y criticó la actitud "intransigente y negativa" de la ACP.

Quijano, quien aseguró que el ente no tiene poder en la actual disputa laboral, dijo que el paro podría demorar la apertura comercial del tercer juego de esclusas, prevista para abril de 2016, y generar pérdidas multimillonarias a Panamá.

"El momento va más allá de lo personal por parte de ambas partes (...) necesitamos que esta situación se resuelva de inmediato para asegurarnos de que este proyecto, que tiene potencial de dar un impacto positivo a la economía de nuestro país, no se vea interrumpido por un huelga más", dijo.

Una huelga de los trabajadores de la construcción en Panamá el año pasado detuvo durante dos semanas el avance de las obras, demorando la fecha de finalización prevista entonces para diciembre de 2015 y generando una pérdida de ingresos de un millón de dólares por cada día de retraso, según la ACP.

En enero de 2014, la ACP y el GUPC protagonizaron una disputa sobre quién asumiría los sobrecostos de US$1.600 millones respecto del proyecto original de US$5.250 millones que acabó en los tribunales.