Jorge Quijano, administrador del Canal de Panamá, dijo que su entidad está dispuesta a pagar al consorcio Grupo Unidos por el Canal, que lidera la española Sacyr, montos adicionales a los estipulado que "estén justificados".
Panamá. El administrador del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, dijo que espera que Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado de la ampliación de la vía acuática, "recapacite en su propuesta de suspender la obra" y la termine de acuerdo "a lo pactado" en el contrato.
En una encuentro con miembros de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá (ACOPEP), Quijano dijo que la ACP está dispuesta a pagar al consorcio, que lidera la española Sacyr, montos adicionales a los estipulado que "estén justificados".
"Yo no tengo justificación ni la razón de cómo llegan a US$1.600 millones" en reclamos, adicionales a los US$3.118 millones que corresponden al contrato para la construcción del nuevo complejo de esclusas que permitirán duplicar la carga que pasa por la vía, aseveró Quijano.
El GUPC, que también integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, ganó la licitación del proyecto de ampliación, que tiene un monto global de US$5.250 millones.
Quijano reveló este jueves que la ACP ha pagado US$2.000 millones al consorcio.
Precisó que el pasado 30 de diciembre recibió la carta de preaviso del GUPC en la que anunció que en 21 días suspenderá las obras de ampliación porque no puede cargar con "sobre costos" que cifró en 1.625 millones de dólares y de los que responsabilizó a la Autoridad panameña.
"Nosotros no estamos administrando la obra, no estamos haciendo contratos todo eso lo hacen ellos", respondió el administrador de la vía interoceánica, por donde pasa más del 5% del comercio mundial.
Quijano recalcó que el contrato firmado por las partes es "de precio fijo", y las únicas cláusulas que permiten "ajustes" son por escalamiento o aumento de precios de rubros como el acero de refuerzo, el diesel, el cemento, y otra alza de la planilla panameña.
Aseveró que el Canal está consciente de que en un proyecto de la magnitud de la ampliación "pueden haber aumentos por encima del precio", y que incluso la ACP ya "ha pagado por razones de escalamiento hasta 160 millones de dólares", lo que es alrededor del 5% del monto de contrato.
Pero el reclamo global por US$1.625 millones "está totalmente fuera de escala, estamos hablando de un (costo adicional igual) al 50% del costo de la obra. ¿Quién se equivoca por 50% de la obra?", se preguntó Quijano.
"No podemos aceptar que esos costos adicionales. No es que no vamos a pagar nada, es que vamos a pagar lo que se tiene que pagar (...) cada dólar va a tener que justificarlo, es la única forma que van a recibir un dólar más", reiteró.
Sostuvo que el consorcio debe apelar a los canales establecidos en el contrato para los reclamos: presentarlos en primera instancia a la ACP, en segunda ante la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) y en tercera ante un arbitraje internacional.
Quijano también rechazó que la ACP haya incurrido en faltas al contrato como dar información inexacta para ejecutar el proyecto, como acusó el consorcio, y por el contrario dijo que ha sido el GUPC el que ha "violado" lo pactado legalmente.
"Ellos están violando el contrato al hacer pública la situación contractual que llevan con nosotros (...) ellos se habían comprometido a que en noviembre pasado íbamos a tener otras cuatro compuertas (de las esclusas) aquí, dónde están?", se preguntó el administrador.
Las primeras y únicas cuatro de las 16 compuertas que prevé el proyecto de las esclusas llegaron al país en agosto pasado.
Quijano se quejó de que pese a que la ACP ha estado "facilitando" al GUPC "el avanzar en la obra", con la entrega de hasta US$600 millones por adelantado, el consorcio "salga ahora diciendo que somos los malos de la película".
Sostuvo que el contrato establece mecanismos que garantizan la culminación de la obra aunque el consorcio lo abandone, que incluyen una "carta de fianza" por US$600 millones en manos de una aseguradora con la que la ACP mantiene "comunicación constante" desde noviembre pasado para activarla en caso de ser necesario.
La carta de fianza permite que la misma aseguradora "asuma el proyecto y lo termine. La otra posibilidad es que la aseguradora pague a la ACP y esta culmine la obra a través de subcontratistas, añadió el administrador.
"Yo espero que eso no sea necesario, espero que sean más sensatos" los contratistas, que "resolver por una suspensión de obra no es bueno para el Canal pero tampoco es bueno para ellos (...) creemos que aún hay camino para recapacitar por parte de ellos" para que culminen el proyecto dentro de lo establecido en el contrato.
