Lating American Wings (LAW) inició su actividad en enero de este año con un Boeing 737-300 y tiene vuelos a Lima y Punta Cana. Meses después se quedó con dos de los tres aviones arrendados que componían la flota de Alas Uruguay.

El Observador de Uruguay. La aerolínea chilena LAW (Lating American Wings) es la empresa que hoy muestra el interés más firme por alcanzar algún tipo de acuerdo con la empresa Alas Uruguay que suspendió sus operaciones la semana pasada.

La compañía chilena había presentado el viernes una carta intención de negocio, según publicó El País. Ahora pretende continuar adelante con las conversaciones y se prevé que este jueves arriben a Montevideo representantes de la empresa para mantener nuevas reuniones con el directorio de Alas Uruguay y con autoridades del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, según informaron a El Observador fuentes al tanto del proceso.

LAW inició su actividad en enero de este año con un Boeing 737-300 y tiene vuelos a Lima y Punta Cana. Meses después se quedó con dos de los tres aviones arrendados que componían la flota de Alas Uruguay. Entre las posibilidades manejadas está que la aerolínea chilena adquiera las acciones de la empresa uruguaya, que funciona como sociedad anónima (Dyrus S.A.) y se haga cargo de sus deudas.

Un atractivo de peso está en el potencial creciente que tiene el puente aéreo entre Montevideo y Buenos Aires durante todo el año, así como la ruta entre Punta del Este y la capital argentina en los meses de verano.

En paralelo a la difícil tarea de encontrar apoyo económico, las autoridades de Alas Uruguay tienen otro reto nada menor que es tratar de retener el último avión en condiciones de volar. Esa aeronave puede jugar un papel clave si en su plan de negocios el nuevo inversor aspira a estar operativo en la temporada de verano. Para eso sería de utilidad contar con un avión ya autorizado, teniendo en cuenta que los tiempos que se manejan para las certificaciones superan ampliamente los dos meses.

La temporada representa una buena tajada del negocio aeronáutico, en particular en esa ruta. Por eso es determinante estar operativo para esas fechas para la supervivencia de la aerolínea.

El avión es clave. La propietaria del avión es una empresa estadounidense que pretende llevarse la aeronave y aduce para ello incumplimientos económicos en el contrato de arrendamiento. Según supo El Observador, existe un atraso en el pago, pero está dentro de los plazos establecidos. No obstante, la aerolínea interpuso un recurso legal con lo que logró extenderlo hasta el 24 de noviembre, que es la fecha límite para regularizar la situación. Con ese paso gana algo más de tiempo para negociar.

Alas Uruguay, que arrastra problemas financieros, suspendió sus vuelos el lunes 24 de octubre por al menos 60 días para apostar a un acuerdo con un socio inversor o empresa de la industria que le permita retomar sus actividades. Dentro de ese plazo, la empresa mantiene los derechos sobre las rutas y su certificado de operador aéreo (AOC). De esa forma, puede retomar los servicios regulares cuando lo disponga y si mantiene al menos un avión. En cambio, si el reinicio de los vuelos se postergara más allá de ese lapso de tiempo será necesario una nueva inspección de la autoridad aeronáutica.

Alas Uruguay surgió después del cierre de Pluna –en julio de 2012–, como un emprendimiento autogestionado por parte de los extrabajadores de la extinta compañía. Luego de varias idas y venidas, la aerolínea empezó a volar el 21 de enero de este año.

Un factor clave para que esto sucediera fue el dinero que aportó el Fondo para el Desarrollo (Fondes): una línea de crédito por US$15 millones, aprobada durante el gobierno de José Mujica, de los cuáles todavía no devolvió nada. La aerolínea goza de dos años de gracia, que vencen 24 meses después del comienzo de su operativa. A partir de esa fecha es que debería empezar a pagar cuotas mensuales por un período de 10 años para reintegrar el monto que le fue prestado.

La compañía tiene deudas con proveedores por US$4,9 millones y deudas salariales por unos US$200 mil correspondientes a dos meses, según informó El País. La plantilla está integrada por unas 150 personas, pero el desembarco de un inversor también implicaría una reestructura en esta área de la empresa, según se informó. Una alternativa al inversor chileno, pero hoy más lejana es la de un grupo inversor estadounidense que fue presentado días atrás por un bróker.