“Los productores necesitan condiciones de previsibilidad que hasta ahora no se dieron", solicitó uno de sus directivos gremiales.

Buenos Aires. El sector rural argentino, que tuvo agrias disputas con el Gobierno, espera más diálogo con la presidenta Cristina Fernández tras la muerte de su influyente esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner, aunque no espera cambios en los resistidos tributos a sus exportaciones.

Aunque el agro y el Gobierno han mantenido intermitentes conversaciones en los últimos meses, la relación no se ha recompuesto del todo tras la extensa protesta que los agricultores realizaron en el 2008, y muchos consideran que el temperamental Kirchner era un escollo para el diálogo.

"Nosotros apuntamos a un mayor y mejor diálogo para solucionar las controversias que existen a nivel de Gobierno nacional. Los productores necesitan condiciones de previsibilidad que hasta ahora no se dieron", dijo a Reuters Alfredo Rodes, director ejecutivo de la entidad rural Carbap, en una reciente entrevista.

Kirchner, quien también presidía el gobernante partido peronista y era secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), murió el miércoles de la semana pasada a los 60 años debido a un infarto.

Su desaparición causó estupor en muchos argentinos y abrió una incógnita sobre la sucesión presidencial, ya que Kirchner -quien gobernó el país entre el 2003 y el 2007- aspiraba a ser candidato en los comicios generales del 2011 y suceder a su esposa.

"La esperanza es un mayor diálogo. El adalid de la confrontación era Kirchner y le era difícil salirse de ese escenario", dijo el analista político Felipe Noguera.

En su primera aparición pública tras la muerte de su marido, la presidenta Fernández defendió el modelo económico argentino, en el que los impuestos a las exportaciones del sector rural -uno de los más pujantes del país- ocupan un lugar clave.

El Gobierno aplica los impuestos a las exportaciones (conocidos como retenciones) para mejorar la recaudación y para aumentar la oferta doméstica de alimentos, con el fin de limitar las alzas de precios en un país con un elevado nivel de pobreza.

Las retenciones permiten al Gobierno argentino recaudar unos US$7.300 millones anuales por un total de exportaciones agrícolas de US$24.000 millones, impulsadas por la soja, el principal cultivo del país.

"El Gobierno puede profundizar el legado o puede ver la situación como una oportunidad de generar nuevas alianzas o abrir nuevos espacios. Una situación como ésta permite rever muchas cosas. Normalmente, frente a situaciones que permitían rever las cosas la reacción de Kirchner era no rever nada y duplicar la apuesta", agregó Noguera.

Algunos han visto señales moderadas del Gobierno hacia el sector desde el año pasado, como el adelanto de cupos para exportar trigo o la liberación de los precios domésticos de la carne, que permitió una fuerte alza de los valores.

"De las retenciones no se habla, son un tema prohibido. Pero en las últimas reuniones se vio voluntad, hemos ido a hablar de problemas concretos y vimos predisposición del Gobierno", dijo una fuente de la Federación Agraria Argentina (FAA) que prefirió que no se revele su identidad.

Las cuatro asociaciones rurales más importantes de Argentina -uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz y trigo- se unieron en el 2008 para combatir un intento del Gobierno de subir las retenciones, finalmente descartado.

Los dirigentes agrarios pretenden desde entonces una baja en los impuestos a las exportaciones y con ese fin promovieron un proyecto de ley en el Congreso, que sigue detenido por la falta de acuerdo entre las distintas asociaciones del sector.

"La Comisión de Enlace (de entidades rurales) hoy está desarticulada, cada entidad está por su lado", afirmó una fuente del sector agropecuario.

"Las entidades responden a intereses distintos y Cristina (Fernández) va a convocar sólo a la Federación Agraria, a la que quiere tener de aliada", añadió.

A diferencia de entidades como la Sociedad Rural, que agrupa a grandes productores, la Federación Agraria engloba a agricultores de baja escala que pujan por una baja de las retenciones sólo para los chacareros que tienen una producción reducida.