La decisión se ha tomado después de que ambas partes no hayan podido llegar a un acuerdo. La defensa de los empresarios se basará en cuestionar la validez del decreto de necesidad y urgencia anunciado por el Gobierno.

Buenos Aires. Los dueños de la empresa agrícola Vicentin han anunciado que recurrirán a los tribunales la decisión del Estado argentino de intervenir la compañía, lo que significa que por primera vez, la Justicia del país, y no los jurados internacionales, dirimirán una situación de estas características.

La decisión se ha tomado después de que ambas partes no hayan podido llegar a un acuerdo, tal y como ha señalado el diario argentino 'La Nación', tras una reunión el jueves en Olivos, la residencia oficial de la Presidencia.

La defensa de los empresarios se basará en cuestionar la validez del decreto de necesidad y urgencia anunciado por el Gobierno del presidente, Alberto Fernández, para llevar a cabo una intervención temporal en base a la legislación de expropiaciones de 1977.

Los accionistas de Vicentin han señalado después de la reunión que no se sintieron escuchados en la misma, pese al cordial clima que se vivió en ella, según cuenta 'Clarín'.

Algunos de los miembros de la directiva de la exportadora han llegado incluso a asegurar que están dispuestos a vender parte de sus activos y nombrar un nuevo gerente sin suponen un problema para la operación.

El Gobierno ha vuelto a insistir en que sólo pretende rescatar la empresa, algo que ya explicó hace unos días Fernández, que rechazó que se tratara un "hecho caprichoso" por su parte. "Estoy rescatando una empresa en quiebra", recalcó.

Durante el anuncio hace una semana de que se llevaría a cabo la expropiación de Vicentin, Fernández explicó que uno de los objetivos de la misma era lograr una soberanía alimenticia en Argentina, pensando en la situación que vivirá el país después de la pandemia de la COVID-19.

La exportadora de granos, harinas y aceites se encuentra en concurso de acreedores, con una deuda de 100.000 millones de pesos (más de 1.200 millones de euros). Gabriel Delgado, quien se desempeñó como secretario de Agricultura Ganadería y Pesca durante los últimos dos años del Gobierno de Cristina Fernández, ha sido designado como interventor de la firma.